Después de que se retirara el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha de su tramitación en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de abril de 2010, debido a que no se alcanzó un acuerdo entre el PSOE y el PP en materia hídrica, el Gobierno de José María Barreda sigue a la carga con este asunto y pretende que la nueva Ley del Agua se apruebe en las Cortes regionales a finales del mes de marzo.

Fue ayer el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, el que informó de este proyecto de ley en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha lleva trabajando desde el 1 de septiembre, cuando se celebró el Debate del Estado de la Región y el presidente Barreda anunció la tramitación de la Ley del Agua, que contendría todas las situaciones y toda la regulación del Estatuto de Autonomía.

De este modo, el consejero destacó la situación de excepcionalidad de la región para justificar la Ley del Agua, pues es la única comunidad con un trasvase desde la cabecera de un río; periódicamente sufre sequías y por su territorio discurren siete cuencas hidrográficas, además de estar creciendo en población. Además, según explicó Pingarrón, el borrador de la ley ha recogido las sugerencias de nueve organizaciones, la mayor parte de las cuales, de carácter técnico, han sido aceptadas.

Ahora se presentará al grupo parlamentario socialista para su tramitación en las Cortes regionales antes de que termine el periodo de sesiones en marzo, para a continuación remitirlo a la Cámara baja, que será la que deberá aprobar la proposición de ley al regular competencias estatales. El consejero señaló que se trata de la «última oportunidad» del PP de colaborar en la aprobación de esta ley, pues se quiere que sea consensuada, y añadió que, por parte del PSOE nacional, se apoyará puesto que recoge las mismas cuestiones que fueron aceptadas en la tramitación, truncada por falta de acuerdo entre el PSOE y el PP, de la reforma del Estatuto de Autonomía.

En este sentido, Sánchez Pingarrón indicó que la Ley contiene todas las disposiciones legales que en materia de agua contenía la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, como la reserva estratégica de 4.000 hectómetros cúbicos. También contiene el cambio de las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, por las que no se podrán autorizar trasvases sin la previa acreditación de que se han optimizado los recursos de la cuenca del Segura, por lo que deberán justificarse previamente las demandas hídricas.

Mientras subsista el trasvase, Castilla-La Mancha participará con voz y voto en los órganos de decisión del Acueducto Tajo-Segura; se garantizará el caudal ecológico del Tajo además de una lámina estable y permanente en los embalses de cabecera de Tajo, que permita desarrollar actividades económicas.

En demarcaciones hidrográficas en que coexisten más de una cuenca es necesario que se delimiten correctamente las cuencas que conforman la demarcación, para evitar el uso injustificado de pozos de sequía , se establece que la ejecución y explotación de este tipo de sondeos por parte de Confederaciones Hidrográficas, incluso en situaciones excepcionales, requerirá un informe preceptivo de Castilla-La Mancha.