El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, dijo ayer que las compra-ventas de agua desde distintos lugares de una determinada cuenca hidrográfica afectan al medio ambiente y con el fin de protegerlo el Gobierno regional ha regulado por ley procedimientos de evaluación ambiental.

Lamata durante la rueda de prensa en la que informó de los acuerdos del Consejo de Gobierno manifestó, a preguntas de los periodistas sobre la petición del PP de Murcia de que el Gobierno central o el Defensor del Pueblo recurran la ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, que «lo que quiere el Gobierno regional es defender el medio ambiente, y el uso, la distribución, la ubicación y la calidad del agua tiene mucho que ver con el medio ambiente».

Lamata afirmó que el agua «es fundamental para la vida, para el desarrollo económico y para el medio ambiente, y conservarla es esencial».

Problema

Señaló que, «cuando se establecen compra-ventas de agua desde distintos lugares de una determinada cuenca, eso afecta a la cuenca y al medio ambiente», por lo que «entendemos que tiene que ser regulado y protegido ese medio ambiente, y para eso desarrollamos ese concepto en nuestra ley».

Añadió que, si otra comunidad autónoma o el Gobierno de España entienden que no es así, pueden recurrir ante las instancias de justicia, «pero lo que no cambiará es la voluntad del Gobierno de defender por todos los medios el agua y el medio ambiente en Castilla-La Mancha». Lamata dijo que «la cuenca del Tajo desde luego la vamos a defender y vamos a recuperarla mediomabientalmente para que podamos en el 2015 bañarnos en el Tajo a su paso por Toledo».

El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Murcia ha presentado una moción instando al Gobierno central y al Defensor del Pueblo a recurrir la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, aprobada el pasado 8 de marzo.

En opinión del PP murciano, la normativa dificulta la aprobación de trasvases a la cuenca del Segura desde los embalses de la cabecera del Tajo.