La euforia con la que el Ejecutivo valenciano ha acogido la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar los recursos de inconstitucionalidad presentados por los Gobiernos de Castilla-La Mancha y Aragón contra el artículo 17 del Estatuto valenciano puede acabar en globo pinchado.

Julia Ruiz, Valencia Sólo el texto de la sentencia que todavía permanece bajo llave determinará el alcance del derecho al agua contemplado en el citado artículo y que el Consell invoca ahora para exigir el trasvase del Ebro. Fuentes jurídicas consultadas por este diario indicaron que la clave está en la letra pequeña. El fallo, ya redactado y que fue aprobado la semana pasada por siete votos contra cinco, podría limitarse a establecer la constitucionalidad del precepto recurrido o bien ir más allá y reconocer como derechos el «abastecimiento y la «redistribución de los sobrantes de agua de cuencas excedentarias» . Sin embargo, según aclaran los expertos, no se trataría nunca del reconocimiento de un derecho subjetivo, sino de lo que en términos jurídicos se conoce como derechos de tercera generación, es decir, principios rectores de la política social y económica que deben observar los poderes públicos, pero que no son exigibles ante los tribunales Cabe apuntar que PP y PSOE pactaron en el Congreso de los Diputados modificar el artículo 17 del Estatuto valenciano para supeditarlo En el plano político es evidente que la decisión del Tribunal Constitucional ha supuesto un balón de oxígeno para el Ejecutivo que preside Francisco Camps que no duda ahora en invocar el Estatuto para exigir el trasvase del Ebro. Y ello, a pesar de que el Consell siempre ha sostenido que la política de agua corresponde al Estado y no puede dirigirse desde una autonomía. De hecho, con este argumento recurrió el Estatuto aragonés por blindar el trasvase del Ebro. El jefe del Consell aseguró ayer que el fallo le hace «más fuerte» para reivindicar el trasvase y mantuvo que el artículo 17 recoge el derecho y la obligación de todas las comunidades de recibir y aportar agua. Camps aseguró que la sentencia «avala desde el punto de vista político y jurídico la visión del Consell del concepto de solidaridad, con el fin de que el agua de los ríos que no pueda ser aprovechada por las tierras por donde discurre pueda ser enviada adonde hace falta». Y exigió al Gobierno que atienda de forma «inmediata» el trasvase del Ebro a la Comunitat, mantenga el del Tajo al Segura y culmine el del Júcar al Vinalopó, al considerar que es «un mandato constitucional» reflejado en el Estatuto. «Ni la Constitución, ni los informes, ni el sentido común, el patriótico o el de solidaridad se pueden poner encima de la mesa para impedir que el agua del Ebro o del Tajo venga a la Comunitat» , insistió, tras subrayar que ahora el Consell cuenta con «el respaldo de la ley para reivindicar solidariamente» estas transferencias. Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, dijo confiar en que el TC deje «meridianamente claro» que la lectura del Estatuto «es en el sentido actual» , es decir, que es el Gobierno quien determina si hay o no excedentes de agua y que «no se asigna un nuevo derecho sobre las aguas cedentes a los valencianos».