El Congreso de los Diputados dará el visto bueno definitivamente este jueves al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, en una sesión plenaria que podrá aceptar o no las modificaciones introducidas en el Senado.El proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que se tramita por el procedimiento de urgencia, quedó inicialmente aprobado el pasado 30 de octubre por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, con el único apoyo del PP, la abstención de CiU y el rechazo del resto de los partidos.La norma pasó al Senado, en cuya sesión plenaria del pasado jueves bastaron los votos en solitario del PP para volver a enviar el texto al Congreso, con algunas modificaciones técnicas. El proyecto de ley quedará visto para sentencia este jueves.Los diferentes partidos de la oposición han reiterado en ambas Cámaras sus quejas por el hecho de que la norma se tramite de forma urgente cuando en la UE se aprobará próximamente una directiva europea en materia de evaluación ambiental.La introducción mediante enmiendas del reciente Memorándum del Tajo-Segura, la creación de “bancos de conservación de la naturaleza” y el ‘fracking’ o fractura hidráulica son otros de los puntos controvertidos en los que el PP no ha logrado el apoyo de ningún grupo parlamentario.TRASVASE TAJO-SEGURAEl proyecto de Ley de Evaluación ambiental, que unifica las normas sobre evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, tiene como objetivo “ser un instrumento eficaz para la protección medioambiental” minimizando los impactos que pueden causar al entorno los planes, programas y proyectos que se lleven a cabo en toda España y puedan afectar significativamente al medio ambiente.El Gobierno afirmó el pasado 30 de agosto, cuando aprobó esta ley para enviarla al Parlamento, que esta norma promoverá el desarrollo sostenible, generará unos 80.000 puestos de trabajo y supondrá un impacto de 1.000 millones de euros sobre la actividad económica.Una de las novedades incluidas durante la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados es el acuerdo sobre el trasvase Tajo-Segura, que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente alcanzó con los gobiernos de las cinco comunidades autónomas dependientes del río Tajo (Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia).En virtud de este pacto, se establecerán mensualmente los niveles mensuales de trasvase de agua desde los embalses de la cabecera del Tajo (en Entrepeñas y Buendía) hacia las cuencas del Segura y del Guadiana, con un máximo anual total de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana).Además, eleva a 400 hectómetros cúbicos (por los 240 actuales) el nivel de reserva de agua que puede ser trasvasada desde la cabecera del Tajo, cantidad de referencia que debe alcanzarse en un plazo máximo de cinco años, con escalones adicionales de 32 hectómetros cúbicos cada 1 de enero.PELIGROSIDAD SÍSMICA, ‘FRACKING’ Y ‘BUNKERING’Por otro lado, el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental recoge que los estudios de impacto ambiental deben incorporar en su descripción técnica “la peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto”, para evitar casos como el almacén subterráneo de gas natural ‘Castor’, emplazado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y que causó más de 300 temblores en el golfo de Valencia el pasado mes de septiembre.Además, obliga a que se sometan a un estudio de impacto ambiental los proyectos basados en “la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica”, conocidas también como ‘fracking’. Lo mismo ocurre con la construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de al menos 2.100 metros.Tipifica como infracción administrativa muy grave (con multas de entre 200.001 a 2 millones de euros) los vertidos de materiales para rellenos no permitidos y la técnica del ‘bunkering’ o las llamadas gasolineras flotantes, esto es, “el suministro o almacenamiento de combustible mediante el fondeo permanente de buques-tanque en las aguas comprendidas dentro de los espacios naturales protegidos y de los espacios protegidos Red Natura 2000, la recepción de dicho combustible, así como el abastecimiento de combustible a los referidos buques-tanque”.

(SERVIMEDIA)

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