La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados dará luz verde el próximo martes a la reforma de la Ley de Responsabilidad Ambiental que, entre otros puntos, «aclarará» la actual regulación de las desaladoras, según informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Esta normativa tiene por objetivo también reforzar los aspectos preventivos y ampliar la protección del medio ambiente marino, así como simplificar y agilizar al procedimiento de constitución de garantías financiera obligatoria y mejorar las normas aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental.

Así, en las reuniones previas y a puerta cerrada entre los parlamentarios se incluido cinco enmiendas parciales, del total de 40 que se han presentado al texto presentado por el Gobierno.

Se trata de una norma que consta de 49 artículos, agrupados en seis capítulos, y de una parte final integrada por catorce disposiciones adicionales, una transitoria y seis finales, así como de seis anexos.

En concreto, se han incorporado al texto del Gobierno las dos enmiendas presentadas por el Grupo Popular, dos del PNV y una de CiU. Ahora el texto se aprobará con competencia legislativa plena en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, según estas fuentes en torno a mediados de mayo, de forma que la reforma legislativa será enviada al Senado directamente.

ENMIENDAS DEL PP INCORPORADAS

En la tramitación parlamentaria se han incorporado las dos enmiendas del PP al texto del Ejecutivo, en las que los ‘populares’ han aprovechado para solicitar una modificación de la Ley de Calidad del Aire, de cara a «aclarar» la actual regulación de las evaluaciones ambientales que se aplican a las desaladoras, mediante la adición de una disposición final a la Ley de forma que se modifique la Ley de Calidad del Aire y de Protección a la atmósfera.

Concretamente, se pretende «aclarar» el régimen aplicable a las medidas ambientales de evaluación y autorización que deben aplicarse a las instalaciones de tratamiento de aguas, instalaciones de depuración de aguas residuales, instalaciones desaladoras y desalinizadoras.

«En el caso de que las mismas estén sujetas a evaluación ambiental o sometidas a autorización ambiental integrada, no les será de aplicación el régimen previsto en el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas», agrega la enmienda del PP que ha sido aprobada.

CAMBIAR LA LEY DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

En la segunda enmienda que ha presentado el PP a este proyecto de ley, y que ha sido incluida en el texto del Gobierno, los ‘populares’ proponen una modificación de la Ley de 2001 del Plan Hidrológico Nacional, para que una disposición final segunda contemple las nuevas actuaciones de interés general que se han realizado en la Demarcación del Duero, del Guadalquivir, así como en el Ebro.

Según justifica el PP, todas estas obras están incluidas en el Plan Nacional de calidad de las Aguas 2008-2015, que tiene por objetivo el cumplimiento de la directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y contribuir a alcanzar el objetivo que la directiva del agua exige para 2015.

«Se entiende por procedente y oportuna la declaración como obras de interés general citadas al objeto de reforzar la seguridad jurídica de las actuaciones de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España S.A y de los órganos que deben autorizar y aprobar los proyectos y habilitar, conforme a derecho, las prerrogativas administrativas que la ley atribuye a las obras hidráulicas de interés general», subraya el PP.

OBRAS PÚBLICAS DE INTERÉS GENERAL

Asimismo, durante esta reunión parlamentaria se ha decidido incorporar al texto del Gobierno dos enmiendas del PNV. En la primera de ellas la formación ‘jeltzale’ ha propuesto modificar los aspectos relativos a la competencia del Estado en cuanto a las obras públicas de interés general, antendiendo a las normativas autonómicas sobre la materia.

A su juicio, sería inconstitucional que la Administración General del Estado, cuando se trate de obras públicas de interés general de su competencial, sea la competente para ejercer la acción de responsabilidad ambiental, sin respeto de las competencias de aquellas comunidades autónomas con competencias de aquellas comunidades autónomas con competencias de desarrollo legislativo y ejecución en la materia de medio ambiente correspondientes al territorio donde se radica la obra.

«Resulta obvio que el daño que pudiera producirse con origen en la sobras de interés general de competencia estatal, de abordarse en territorio autonómico, afectarían sin duda, a intereses de la comunidad autónoma respectiva, como pueden serlo, en palabras del propio Consejo de Estado, la tutela de un concreto ecosistema», agrega.

Junto con CiU, han propuesto, y se ha aceptado, que se incluya la previsión de que cada comunidad autónoma al territorio donde se radica la obra objeto del expediente de responsabilidad informará, con carácter vinculante, las medidas de prevención, evitación y reparación respeto de las especies y hábitats protegidos.

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