El Ayuntamiento fue condenado a pagar más de un millón de euros por abastecerse de este embalse en sequía, algo con lo que acaba esta norma

Barreda entregó ayer al Congreso para su toma en consideración este proyecto legislativo

Antes de tomarse un café con José Bono, en un despacho que muchos ya denominan «el confesionario» por las muchas visitas que el presidente del Congreso atiende en él cada miércoles, el presidente de la Junta, José María Barreda, se presentó en el Registro de la Congreso de los Diputados para entregar la Ley de Agua de Castilla-La Mancha, aprobada por las Cortes autonómicas este lunes en un accidentado pleno en el que no estuvieron presentes los diputados del PP.

«Me hubiera gustado que hoy [por ayer] estuviéramos en el registro del Congreso la señora De Cospedal y yo», declaró Barreda, mostrando así su deseo de que esta nueva norma hubiese salido de las Cortes con el voto a favor también del Partido Popular.

El PP llegó a presentar una enmienda a la totalidad a esta Ley, que fue rechazada por la mayoría socialista. Una enmienda, que según dijo ayer el concejal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Albacete, Ramón Sotos, perjudicaba a la ciudad porque suprimía tres aspectos recogidos en esta ley que benefician a Albacete.

Hoy, a debatir en el pleno

Hoy, los socialistas, trasladarán este debate al pleno del Ayuntamiento de Albacete, «espero que aquí la señora Bayod desoiga a sus compañeros diputados del PP y vote a favor de esta moción», emplazó el concejal socialista a la portavoz municipal del PP. «En Albacete tenemos más de 45.000 hectáreas de regadío, una parte gestionada por pequeños regantes que están muy pendientes de lo que pase con esta Ley del Agua», aseguró Sotos, que destacó las «aspiraciones» albaceteñas que recoge este texto legal.

Según detalló, si se aprobase esta ley, al Ayuntamiento de Albacete ya no se le podría exigir el pago de ninguna compensación económica en favor de los regantes por abastecerse con agua del Júcar.

Hay que recordar que hace un año el consistorio albaceteño se vio obligado a recurrir al Tribunal Supremo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que le condenaba a pagar más de un millón de euros a la USUJ (Unión Sindical de Usuarios del Júcar) por haber tomado agua del embalse de Alarcón entre 2005 y 2008, años de sequía en los que la presa se quedó por debajo de un volumen de reserva mínimo preestablecido.

En esta ocasión, PSOE, PP e Izquierda Unida se pusieron de acuerdo en que la ciudad de Albacete no tenía por qué pagar ni un céntimo a los dueños del embalse de Alarcón, es decir, los regantes valencianos e Iberdrola por coger agua del embalse en tiempos de sequía.

Un pago que está previsto en el llamado convenio de Alarcón, un texto en el que el Ministerio de Medio Ambiente permitió fijar a los regantes valencianos fijar ese volumen de reserva y el derecho a cobrar indemnizaciones si alguien cogía de ese agua. Y que amparó el artículo 24 del Plan del Júcar aprobado en 1998, donde se recogen los usos del embalse de Alarcón y se admite la prioridad de los riegos tradicionales de la Comunidad Valenciana y el derecho de las hidroeléctricas a recibir indemnizaciones si se veían perjudicadas.

Pues bien, el texto de la Ley del Agua aprobado el lunes en las Cortes de Castilla-La Mancha establece que en aplicación del «principio de prelación de usos consagrado en la legislación vigente», es decir, el agua primero para beber, después para regar y luego para los usos hidroeléctricos, se deben aprobar unas «normas de explotación» en la cuenca del Júcar que garanticen que el abastecimiento es prioritario y que «en ningún caso se le pueda exigir al Ayuntamiento de Albacete, ni a ningún otro municipio de la cuenca del Júcar en Castilla-La Mancha, compensación económica alguna en favor del regadío o cualquier otro uso de menor prioridad».

Junto a este cambio en las normas de explotación del Júcar, los socialistas consideran muy positivo para Albacete que en la Ley del Agua se pida que en la cuenca hidrográfica del Júcar los balances de recursos y demandas «se hagan para cada una de las cuencas», es decir, que a la hora de echar cuentas sobre el agua que hay y la que se necesita se hagan los cálculos «río a río» y no «como quiere el Gobierno de Valencia, mezclar todas las aguas y que eso le siga beneficiando».

El tercer y último aspecto que Ramón Sotos valoró del nuevo texto legal es que en los órganos de planificación hidrológica la comunidad autónoma esté presente conforme a los «criterios de proporcionalidad y equilibrio territorial». Recordó, a este respecto, que entre Albacete y Cuenca, «tenemos el 73% de la cuenca del Júcar».

Esta Ley del Agua, sin embargo, sólo es un proyecto que ha dado su primer paso, pues tras ser entregada ayer por Barreda en el registro del Congreso debe ser tenida en consideración por los diputados. El presidente de Castilla-La Mancha confió en que el texto tenga un mejor futuro mejor que el estatuto de autonomía, que no prosperó, y subrayó que se trata de una norma que es «perfectamente constitucional».

Estado autonómico

Barreda declaró a los periodistas que para su elaboración, su Gobierno ha tenido «muy en cuenta» todo lo que se dice del agua en otros estatutos de autonomía aprobados y no recurridos, así como los pronunciamientos del Tribunal Constitucional allí donde lo ha hecho.

El presidente recordó que el objetivo de la Ley es «garantizar la coparticipación» del Gobierno de Castilla-La Mancha en los órganos de gestión de agua , antes de hacer hincapié en que los temas del agua y la planificación hidrológica corresponden al estado, pero al autonómico. «Estoy de acuerdo con que los temas del agua y la planificación hidrológica sean un tema de Estado, pero del Estado que tenemos, de un estado autonómico, donde las comunidades tenemos transferidas las competencias», subrayó.

Barreda recalcó que la norma establece una reserva hidrológica para garantizar las necesidades de la región y propone que se modifique el reglamento que ahora regula las normas de funcionamiento del trasvase Tajo-Segura. En definitiva incluye, prosiguió el presidente castellanomanchego, lo que se planteaba en el estatuto de autonomía que finalmente no salió adelante por la falta de apoyo del Partido Popular.

Insistió en que el tema del agua es «fundamental» para Castilla-La Mancha -comunidad que está afectada por siete cuentas hidrográficas- y consideró una «disfunción» el hecho de no contar en los órganos de gestión del agua .

Preguntado sobre si cree que a esta ley le espera un futuro mejor, ha dicho que sí porque ahora hay más precedentes de fallos del Constitucional y estatutos que están funcionamiento en los que «se recogen cosas exactamente iguales a las que decimos nosotros». «Yo no veo ninguna razón para que lo que es posible en Aragón, no sea posible en Castilla-La Mancha», apostilló.