El Ministerio de Medio Ambiente ha redactado un nuevo texto de la Ley de Aguas, que llevará al Consejo Nacional del Agua del próximo miércoles, con el que pretende apaciguar la guerra del agua que enfrenta a las autonomías. Una de las principales novedades será la participación de las comunidades y los ayuntamientos en las confederaciones hidrográficas (ahora controladas sólo por el ministerio) que pasarán a denominarse demarcaciones, según publicó ayer El País .
También se creará un consejo supremo de las confederaciones hidrográficas donde el Ministerio de Medio Ambiente se reserva el 51% de los votos (mediante el nombramiento de la mitad más uno de sus miembros) y el 49% restante lo cede a las autonomías y a los ayuntamientos que participarán por primera vez en las decisiones de las confederaciones desde que se crearon por primera vez en 1926. En este consejo supremo hídrico cada comunidad autónoma tendrá un representante, pero sus votos se ponderarán en función de la superficie y la población. Una novedad que permitirá a la Comunitat Valenciana tener mayor voz en las decisiones que se adopten sobre el río Júcar, al contar con mayor población que Castilla-La Mancha, según reconoció ayer,Francesc Signes, responsable de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV. Signes califica de muy positiva «la oportunidad que tiene la Comunitat Valenciana de apuntalar su presencia en el nuevo órgano gestor de las demarcaciones hidrográficas» y confió en que la reforma de la Ley de Aguas «tapone las guerras del agua que plantea contínuamente el Partido Popular» , aunque se mostró convencido de que «el PP y Francisco Camps abrirán otras nuevas, porque el agua es para ellos un arma electoral y no un problema a resolver» . De hecho, tal como adelantó Levante-EMV , la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pretende proponer que se desgaje la Albufera de Valencia y su área metropolitana (más todos los habitantes que viven en ella) de la demarcación del Júcar y se considere del Turia. La autonomía vecina tendría así una mayor población y superficie similar a la de la C. Valenciana y, por lo tanto, similar representación en los órganos de la futura demarcación hidrográfica del Júcar. A este respecto, el nuevo texto legal Ley de Aguas «supera estos rumores -según Signes- porque el Gobierno tendrá el control de las demarcaciones hidrográficas que, tras muchos años, por fin se adaptan al modelo autonómico surgido con la democracia» .
La vieja política del agua
El presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, afirmó hoy que «mientras Rajoy y el PP nacional, que son los que mandan en ese partido, sigan defendiendo la vieja política del agua, aquí no habrá desaparecido la amenaza del trasvase» del Ebro y «el PP de aquí seguirá inhabilitado para gobernar en Aragón» . Según Iglesias, «ningún aragonés va a volver atrás, ni quiere volver a manifestarse por esto, ni va a aceptar nunca un presidente de gobierno que no defienda nuestros recursos y sus posibilidades de futuro» . Iglesias, que presentó ayer las candidaturas socialistas aragonesas en presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, recordó que la derogación del trasvase del Ebro fue la segunda decisión del Gobierno tras ganar las elecciones en marzo de 2004, por lo que «cumplió su compromiso de resolver el problema del agua en Aragón y también de resolverlo en Levante porque no sólo fue una decisión para Aragón sino para todos, para resolver el problema del agua en España» .
