El Ministerio de Medio Ambiente planea designar como presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro a un representante del Partido Aragonés (PAR), socio del PP en la comunidad. El cargo supone que un partido que ha impulsado la oposición al trasvase del Ebro y la reserva exclusiva para la comunidad de 6.500 hectómetros cúbicos presidiría la cuenca pese a que afecta a otras nueve comunidades autónomas, desde Cantabria a Cataluña. Fuentes del PAR admiten negociaciones con el PP sobre el asunto.
El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció en su primera comparecencia en el Congreso que los presidentes de las confederaciones bajarían de rango. A partir de ahora serán subdirectores generales, “dependientes del secretario de Estado y del director general del Agua”. Culmina así un camino que inició el PSOE en la pasada legislatura para recentralizar la gestión del agua.
Sin embargo, los nombramientos están siendo pactados con las comunidades, incluso a propuesta de los barones populares. Es el caso del Segura, donde se da por hecho el nombramiento de Miguel Ángel Ródenas, actual director general del Agua de Murcia.
El caso más complicado era el del Ebro. Por la importancia simbólica en un momento en el que un sector del PP pretende volver a los trasvases y por la complicación geográfica, ya que la cuenca afecta a nueve comunidades (Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana y Cataluña).
Aragón supone el 49,53% de la cuenca y en esa comunidad el Ebro es más que un símbolo. Hace una década, cuando el Gobierno aprobó el derogado trasvase del Ebro, miles de personas se manifestaron contra el Ejecutivo de Aznar y al final el PP perdió el Gobierno regional. El año pasado, Luisa Fernanda Rudi reconquistó la comunidad de la mano del PAR, que ya gestiona el agua en la comunidad. Aunque la presidencia de la Confederación no estaba en el acuerdo de Gobierno con Rudi, el PAR sí admite que “si hay alguna institución del Gobierno central en la que tendría sentido que estuviera el PAR sería la Confederación del Ebro”.
En Zaragoza, regantes y políticos dan por hecho que el hombre elegido será Xavier de Pedro, uno de los padres del Estatuto aragonés, polémico por incluir una reserva de agua para la comunidad seis veces superior al derogado trasvase del Ebro. De Pedro es abogado —el cargo era tradicionalmente para ingenieros— y desde 2007 ejerce de director general de Desarrollo Estatutario. El PP en la comunidad argumenta que con la rebaja de rango en realidad el cargo no es tan relevante y que va a depender directamente de Madrid.
El nombramiento de los presidentes no llegará hasta que el Gobierno apruebe el decreto con la estructura del Ministerio, previsiblemente hoy. El borrador, al que ha tenido acceso este diario, establece que “los presidentes de las confederaciones hidrográficas del Júcar, Tajo, Guadiana, Duero y Ebro tendrán rango de subdirector general”. El resto ya estaba en ese nivel tras la rebaja de la pasada legislatura.
Pese a que el PP nacional se opone a trocear la gestión de los ríos, en Aragón ha mantenido su reivindicación de competencias. Las Cortes regionales tramitan una ley escoba en la que incluye modificar la “gestión del agua en Aragón” para que la comunidad tenga la competencia en materia de inspección y de autorizaciones en dominio público hidráulico, algo que, según los regantes, haría ingobernable la cuenca en caso de generalizarse en las nueve autonomías.
El nombramiento de un regionalista levantará previsiblemente recelos en el PP de Valencia y Murcia, pero también en otras comunidades. Durante la elaboración del plan de cuenca se vio un conflicto entre Aragón y Cataluña. La primera pretendía aumentar los regadíos en su territorio y la segunda el caudal ecológico en el Delta, cosas incompatibles. Además, tiene relevancia política, porque el PP engloba cada vez más al PAR, que estaría incluso en un órgano del Gobierno, aunque con sede en Zaragoza.
Con el PSOE, el PAR ya intentó sin éxito obtener la presidencia de la Confederación. El Gobierno socialista sí cedió las competencias del Guadalquivir pero el Constitucional lo anuló. Ecologistas, regantes, ingenieros y expertos cargaron contra esa decisión.
El sector del agua ya ha saltado contra el eventual nombramiento. “Le hemos dicho al ministro que debe defender la unidad de cuenca”, explica Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).