La primera oferta pública de adquisición (OPA) de derechos de agua que una Administración ha presentado en España ha sido un fracaso. La Confederación del Júcar ofrecía entre 0,13 y 0,19 euros por cada metro cúbico de agua que ahorren los regantes del acuífero de La Mancha oriental en Albacete. Sólo han aceptado la mitad. Como no se ha cubierto el ahorro de agua previsto con esta iniciativa encaminada a evitar que el río se seque, la Confederación decidió imponer restricciones sin retribución. Pero al final se ha plegado a las peticiones de los regantes y amplía el plazo de aceptación de la OPA.

«Estado de emergencia», señalan los indicadores de sequía de la cuenca del Júcar. El actual año hidrológico iniciado el pasado octubre (en coincidencia con el ciclo agrícola) atraviesa la segunda peor sequía de la historia de la cuenca después de la temporada 2004-2005.

Es el tercer año consecutivo con precipitaciones muy inferiores a los valores normales. Las reservas de agua embalsada sólo alcanzan a sumar 232 hectómetros cúbicos brutos (sobre 3.346 de capacidad total), menos de la mitad de la media de los últimos cinco años. Ante la gravedad de la situación, crítica para una cuenca habituada al uso intensivo de agua en su parte baja, la Confederación Hidrográfica propuso para la campaña actual una reducción del 40% en el consumo y la implantación de un paquete de medidas de ahorro para evitar que el río acabe seco.

Entre estas medidas y por primera vez en la historia (otro intento puesto en marcha por el PP para el alto Guadiana no prosperó), se lanzó a finales de diciembre pasado una oferta pública de adquisición (OPA) de derechos de agua con el objetivo de ahorrar 61 hectómetros cúbicos. La OPA se dirigía en concreto a los regantes de aguas superficiales o subterráneas situadas en una franja de 10 kilómetros de ancho en cada una de las márgenes del río Júcar, en un tramo comprendido entre los embalses de Alarcón y el Molinar y el acuífero del Mioceno, que vierte sus aguas al río a su paso por Albacete.

La Confederación valoró el precio total de la OPA en 12 millones de euros, equivalente al lucro cesante de los regantes que acudieran a ella. Esta cantidad se distribuía en una horquilla comprendida entre los 0,1957 euros el metro cúbico de agua no consumida y 0,13 euros en el segmento más caro.

Cuando el pasado 16 de febrero se abrieron los sobres para conocer cuántos y quiénes aceptaban la cesión de derechos de agua, un silencio sepulcral se adueñó del ambiente en la delegación de la Confederación del Júcar en Albacete.

A pesar de que la OPA se había negociado de manera transparente y consensuada con los regantes, a la hora de la verdad el agua que estaban dispuestos a ahorrar sumaba sólo 38,1 hectómetros cúbicos, la mitad de lo que se perseguía: 26,8 corresponden a la OPA en sí y 11,3 al ahorro que adicional, voluntaria y gratuitamente se habían comprometido a ahorrar los agricultores opados. Al no cubrirse la oferta de adquisición de derechos de agua, los regantes tendrían que ahorrar forzosamente otros 20 hectómetros cúbicos adicionales sin ninguna compensación, según decidió la Comisión de Sequías del Júcar. Días después dio marcha atrás para abrir un nuevo plazo de aceptación de ofertas que expira el próximo día 23.

La Confederación del Júcar y los propios regantes desean a toda costa levantar la sensación de fracaso que ha cundido entre la propia gestora de la cuenca, regantes y agentes económicos, sociales y académicos de la zona. Un territorio de 28.000 hectáreas incorporado al regadío con agua subterránea apenas veinte años atrás con el impulso estatal, a través del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).

Cuarenta y cinco variedades

La zona opada comprende el municipio conquense de Casas de Benítez y otras 16 poblaciones de la provincia de Albacete, entre ellas, Madrigueras, Tarazona de la Mancha, La Roda, Villagordo del Júcar, La Gineta, Casas de Juan Núñez y la propia capital manchega. Se trata de una comarca paradigma de la geografía manchega que ha elevado su renta en los últimos años gracias a la incorporación del regadío por aspersión, del que dependen alrededor de 6.000 agricultores o unidades agrarias agrupados en la Junta de Comunidades de Regantes, constituida en 1995, una de las pocas que administra aguas subterráneas.

El consumo de agua por aspersión es reducido, si se compara con el sistema por inundación que se practica tradicionalmente en la cuenca baja del río en tierras de la Comunidad Valenciana. Las dotaciones medias aquí son de 4.500 metros cúbicos por hectárea frente a los 18.000 y hasta 20.000 de la plana valenciana.

El regadío permite sembrar aquí más de 45 variedades de cultivos diferentes como cebollas, ajos, trigo de alta calidad para panificación, cebada para maltería, alfalfa o adormidera, un cultivo trasladado a La Mancha desde Andalucía a partir de la gran sequía que azotó al Guadalquivir en los años noventa.

El presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, admite que si no se han cumplido las expectativas de la primara fase de la OPA es por la recuperación de los precios del maíz y los cereales y la esperanza entre los agricultores de que cambiaría la situación meteorológica. Pero no se siente derrotado. Se congratula de que por primera vez se haya creado una relación «fiable» entre la Administración y los regantes y se hayan despejado las dudas sobre el cumplimiento de compromisos adquiridos. «Se ha roto la tradicional desconfianza del agricultor con la Administración».

Éxito agridulce

José Pérez Cuenca, presidente provincial del sindicato Asaja en Albacete, cree que la Confederación «tenía que haber ofrecido más dinero». Y aunque en un principio los agricultores se mostraron de acuerdo, dice que el escenario cambió porque «quizá algunos no se lo creyeron o la información no fue lo suficientemente explícita para que entendieran que iba en serio».

Los regantes coinciden en esa misma apreciación. El presidente de la junta Central de Regantes de La Mancha oriental, Agustín González, cree que la OPA ha tenido un «éxito agridulce» por culpa del bajo precio ofrecido. «Su no aceptación demuestra que los cultivos de La Mancha son rentables, aunque no estén subvencionados y que el agricultor prefiere trabajar la tierra a cobrar un dinero por quedarse de brazos cruzados».

La meteorología no ha cambiado desde que se lanzó la OPA. No ha llovido lo que se esperaba. La prórroga de una semana más del plazo de aceptación parece ser el último cartucho de la Confederación por ganar a los reticentes.

Evitar una nueva guerra del agua entre La Mancha y la Comunidad Valenciana

Tras el fracaso de la OPA, la Junta de Castilla-La Mancha votó en la Comisión de Sequía del Júcar en contra de que la Confederación Hidrográfica impusiera restricciones forzosas y gratuitas a los regantes manchegos. Pero el peso de los administradores de la cuenca y la abstención de los regantes tradicionales valencianos inclinó la balanza hacia la imposición, una decisión que en el fondo todos repudian y pretenden evitar, porque daría paso a una reedición de la guerra del agua entre manchegos y valencianos. Por eso se ha abierto un nuevo plazo para agotar los 12 millones incluidos en la oferta de adquisición temporal (sólo esta campaña) de derechos de agua.

El presidente de los regantes manchegos Agustín González subraya que a pesar de todos los obstáculos es la primera vez que los agricultores y una Administración se ponen de acuerdo para dejar de usar agua por una causa medioambiental: «Siempre hemos entendido que las masas de agua tienen que estar en el mejor estado posible. No tenemos derecho a hipotecar el futuro y les pedimos a nuestros vecinos de Levante que hagan lo mismo. Sabemos que en la región valenciana tenían que haber modernizado sus tradicionales sistemas de riego», afirma, tras resaltar que sus asociados ya se habían comprometido en noviembre pasado a reducir voluntariamente un 20% del consumo.

Para los expertos, el asunto tiene otro enfoque. Alfonso Calera, director de Teledetección de la Universidad de Castilla-La Mancha califica de «ejemplar y sin precedentes» la autorregulación de los regantes. Su equipo tiene firmado un convenio con ellos para vigilar por satélite el control de regadíos y augura una campaña difícil para quienes dejen de regar. Pero también para otros sectores inducidos como los transportistas y los comerciantes de semillas y fertilizantes. Cree que la OPA ha llegado con retraso para quienes tenían ya firmados contratos de campaña. Y considera que la aplicación de «medidas desproporcionadas, tardías o no pactadas, como la imposición de un ahorro adicional del 20% por el fracaso de la OPA» tiene el riesgo de generar situaciones de insumisión, que «pondrían en peligro muchos años de control y autorregulación del acuífero de La Mancha oriental».