Según las organizaciones agrarias, sólo en Albacete se han presentado 30 expedientes que suman 90 millones de euros, cuando el presupuesto para toda la comunidad es de sólo 100

 La última orden de reconversión del viñedo podría morir de éxito, ya que la respuesta de los viticultores al programa ha desbordado todas las previsiones de la Junta de Comunidades, según reconocía ayer el director general de Producción Agropecuaria, Francisco Martínez.
En declaraciones a La Tribuna de Albacete, Martínez admitió que, en estos momentos, los agricultores de toda Castilla-La Mancha han presentado solicitudes de reconversión equivalentes a 70.000 hectáreas, cuando la previsión de la Administración regional era la de haber llegado, como máximo, a las 30.000 hectáreas.
Para hacerse una idea, sirva como ejemplo que, según las cifras de la Junta y de las organizaciones agrarias, Asaja y UPA, sólo en Albacete, se han aprobado 26 expedientes, cuyo montante económico asciende a 90 millones de euros. La partida presupuestaria, para toda la región, es de 100.
El problema, según el director general, se encuentra en un pequeño, pero importante, cambio en la normativa. «Hasta ahora, podíamos prorratear las solicitudes pero, este año, con la normativa de la nueva OCM, había que aprobarlas o denegarlas de una, en bloque», lo que ha creado un problema de dimensiones imprevistas.
Prorratear significa, en este caso, que si había un aluvión de solicitudes, éstas se podían escalonar, de forma que, si no podían aprobarse un año, podían pasarse al siguiente. «Pero esta vez no ha sido así -señaló- y, como el agricultor estaba acostumbrado a que, al poco de aprobarse, se paga, nos hemos encontrado con que todos y cada uno de los viticultores que hay detrás de estas 70.000 hectáreas esperan que les paguen ya».
Dicho de otra forma y, aunque suene paradójico, que la diligencia de la Administración regional a la hora de hacer los pagos ha jugado en su contra. Pues, «aunque en esta orden, y en todas las anteriores, pone que se paga en función de la disponibilidad presupuestaria», lo cierto es que, por primera vez, hay que implantar un sistema de prioridades a la hora de realizar los pagos.
«Por poner un ejemplo, en 2009 y 2010 aún hemos estado pagando planes de reconversión que corresponden a la orden de 2001 -indicó- porque, en esa ocasión, se pudo escalonar la tramitación y aprobación de los expedientes, pero el problema es que ahora no».