La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha estimado en unos 100 millones de euros anuales el sobrecoste que tendrá que asumir el sector agrario tras la reforma energética puesta en marcha recientemente por el Ministerio de Industria para compensar el elevado déficit de tarifa.

Concretamente, este sector –segundo consumidor de energía más importante de España, por detrás de Adif- registra un gasto energético de más de seis millones de megavatios anuales, lo que supondrá a partir de ahora una factura eléctrica de unos 700 millones de euros al año. Dicho de otro modo, la factura de la luz pasará ahora a representar el 41% de los gastos generales de las comunidades de regantes o lo que es lo mismo, seis puntos porcentuales más que antes de la reforma, lo que convierte los costes energéticos en una partida “completamente inasumible” para el regadío, poniendo en peligro su continuidad.

En definitiva, el encarecimiento medio de la factura eléctrica de los regantes será superior al 15%, llegando incluso a superar ampliamente el 20% en determinadas comunidades, en función de las potencias contratadas y los consumos realizados en cada caso.

Un incremento del 115% en el término de potencia

En un análisis más detallado, la reforma energética provocará que las tarifas de alta tensión por las que se rige el regadío registren un incremento del término de potencia del 115%, que se añadirá a las subidas de más del 450% que ha experimentado ya en los últimos cuatro años, desde la supresión de los tarifas especiales para el riego.

Por otro lado, aunque la tarifa que grava el consumo (término fijo de la energía) se reducirá en un 65%, apenas beneficiará a los regantes, ya que su impacto real en factura sólo se apreciará sensiblemente durante los meses más intensivos en riego (julio y agosto) y, por tanto, de mayor consumo energético.

Con el fin de compensar esta subida de la factura eléctrica y proteger la competitividad de la agricultura, la Federación viene solicitando al Ministerio de Industria que las comunidades de regantes paguen únicamente por la potencia real registrada y no por la teórica contratada para evitar el gasto de un servicio que no utilizan fuera de la época de riego (de abril a octubre).

Otras alternativas para conseguir un escenario más competitivo pasan por despenalizar el uso de las tarifas de temporada o bien, poder firmar más de un contrato por año: uno anual con una mínima potencia para el suministro básico del mantenimiento de los equipos y otro de temporada para los meses de máximo consumo (meses de riego).

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “los actuales costes energéticos hacen completamente inviable el regadío modernizado. Sólo unas tarifas mejor adaptadas y más competitivas garantizarían su viabilidad y nuestra colaboración en la trasformación de las más de un millón de hectáreas que rodavía quedan pendientes de modernizar en la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos; una fase que está paralizada por la necesidad de fondos públicos y de unos planes de amortización adecuados al escenario tarifario actual”.