ASAJA de Castilla La Mancha ha hecho hincapié en la falsa liberalización del mercado eléctrico, con la desaparición de las tarifas especiales de riego que ello supone y que, en la práctica, no ha fomentado la competencia entre operadores sino que ha supuesto un aumento de los costes energéticos para los agricultores del 40 por ciento.

Al incremento de las tarifas eléctricas y los cambios de contrato hay que sumarles otros aspectos negativos como el nuevo modo de facturación de las compañías. A diferencia de como venía haciéndose, las facturas son mensuales, mientras que la medición de la energía consumida se establece cada dos meses. Esto supone que uno de los meses se cobra por estimación, sin ajustarse, en la mayoría de los casos, a la realidad.

Ante esta preocupación, el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha ha mostrado total interés y se ha comprometido a actuar dentro de las competencias asignadas para esta Institución.

No obstante, ASAJA C-LM ha transmitido otros constantes problemas que está sufriendo el campo en los últimos tiempos. Así, los robos en el campo, han pasado de pequeños hurtos a grandes delitos de bandas organizadas que tienen a los agricultores y ganaderos atemorizados.

La Organización Agraria también se ha referido al gran diferencial existente entre los precios en origen y lo que paga el consumidor. Este factor, junto con la coyuntura económica del momento, está llevando a la desaparición a un sector estratégico para la sociedad.

José Manuel Martínez Cenzano se ha interesado profundamente en los diferentes temas y se ha comprometido con ASAJA de Castilla-La Mancha a transmitir al Defensor del Pueblo de la Nación aquellas cuestiones que le competen, tales como el tipo de facturación de las tarifas eléctricas por estimación y los abusos existentes en el gran diferencial entre lo que se le paga al agricultor por producir y lo que paga el consumidor en las grandes superficies.

Asimismo, el Defensor del Pueblo de la Región, protegerá los intereses de los usuarios y consumidores castellano-manchegos trasladando los problemas con los contratos energéticos y exigiendo una información transparente para los agricultores, ante la Administración Regional y, concretamente, ante la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.