La tarifa eléctrica para regadíos experimentó en el último año un incremento medio superior al 60% según los datos manejados por el sector. Las tres organizaciones agrarias Asaja, Upa y Coag se han dirigido al Gobierno denunciando los incumplimientos de los compromisos suscritos en su día con el Ministerio de Industria, y el silencio de los departamentos de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente en este asunto.

Las organizaciones señalan que, mientras en otras actividades económicas se prevé y pueden repercutir en los precios el incremento del coste de la energía, en el caso de la actividad agraria es algo imposible.

Por su parte, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes estima la subida en un 90%, lo que supone un coste añadido para los agricultores de 100 millones de euros.

Para Javier Alejandre, responsable de los servicios técnicos de UPA, es impresentable que el sector agrario esté haciendo esfuerzos para ser más eficiente en el uso del agua, con la aplicación de nuevos sistemas de riego, y que esa política sea penalizada por el Gobierno con estas subidas.

El 1 de julio de 2008, el Gobierno eliminó las tarifas especiales para el riego que suponían una media de rebaja del 30% sobre las tarifas normales. Para los contratos de alta tensión, como compensación a esa decisión, Industria se comprometió con el sector a la puesta en marcha de una serie de medidas como los contratos temporales para cinco meses, ampliar las horas valle con tarifas reducidas, así como los festivos y fines de semana.