MURCIA. «Yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo con vosotros». Esta frase se le atribuye al dirigente socialista Antonio León en el libro publicado por el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Juan Cánovas, sobre su viaje por los infiernos del agua. Cánovas ha sido el cabeza de turco del supuesto latrocinio del agua a manos llenas impulsado por una trama organizada; en una investigación fiscal de cuatro años que ha terminado pidiendo la hora al juez para que archive un caso en el que no se ha encontrado atisbo de prevaricación ni delito contra el medio ambiente. No obstante, lo que perseguían sus denunciantes y otras voluntades se ha conseguido con creces. Y vale adelantar que ha tenido una parte positiva.

A Antonio León, ex delegado de la Mancomunidad del Taibilla y ex consejero socialista de Agricultura, quizás le pareciera excesiva aquella persecución contra administradores y profesionales de la Confederación -ahora exonerados por la Fiscalía- en una orgía mediática y política enfervorizada todavía más con la llegada al poder del PSOE. Cuando el problema era otro: los abastecimientos a la población pendían de un hilo y estaban cerca del colapso.

En los años 2003 y 2004 se asistió a un acoso y derribo sin precedentes contra la gestión del agua en Murcia. En los episodios de aquellos meses se fraguó la imagen de los murcianos ladrones de agua que todavía nos acompaña en nuestros días. No hay foro, viaje de placer o de negocios donde un murciano salga absolutamente indemne de cualquier esquinada alusión a nuestra atávica relación con el agua y nuestra voracidad hídrica. Fue además una ofensiva subterránea frente a la política hidráulica del Gobierno del PP y en especial contra el trasvase del Ebro, con un mensaje inapelable: ¿Para qué quieren otro trasvase en Murcia si existe una mafia que despilfarra y roba caudales con el consentimiento de la Confederación?

Para conseguir el objetivo -una opción anti trasvasista totalmente legítima- se puso a la Región murciana, a justos y pecadores, a los pies de los caballos.

El topo de la Confederación

«Una gestión nefasta»

Como aquella inquisición necesitaba nombres y caras para desfilar delante del despacho del fiscal de Madrid, ahí estaban los dirigentes de turno de la Confederación: el propio Cánovas, el comisario de Aguas José Alemán y el letrado López Casares. A ellos se refería León si se da acogida a la conversación que reproduce Juan Cánovas. Otros ámbitos del PSOE, aliados con el lobby de intereses que se conjuraban en el despacho del fiscal madrileño Emilio Valerio, callaban o echaban leña al fuego. La ministra Cristina Narbona fue quizás más allá de la prudencia de su cargo, al darle altavoz al polémico fiscal Valerio y poco menos que arrojar a los leones a la cúpula de la CHS.

Más llamativo fue el silencio que llegaba de ciertas alturas del Partido Popular, en Murcia y en Madrid, que dejaron a Juan Cánovas tirado y más solo que la una.

Las cosas no pueden ir rodadas en una cuenca, la del Segura, que consume diez veces más agua de la que es capaz de generar con recursos superficiales. De ahí su déficit estructural, que ha ido engordando con un brutal incremento poblacional; una actividad económica imparable; un auge de la construcción y la industria turística; y una actividad agrícola insaciable que se bebe el 80 por ciento de los caudales.

Cuando éramos felices e indocumentados, que diría García Márquez, había otras preocupaciones y prioridades en la política de la Confederación Hidrográfica dictada por el Ministerio de turno, de tal forma que el celo sancionador no estaba a la altura de lo deseable por falta de medios y motivación. «Una gestión nefasta», ha subrayado el fiscal jefe Manuel López Bernal, al destacar los expedientes sancionadores por robos de agua que caducaban, muchos de ellos de notorios reincidentes. Nadie puede poner eso en duda. La Inspección General de Servicios del Ministerio de Medio Ambiente también lo destacó en su informe de 2004, poniendo especial acento en conductas políticas y administrativas anteriores al año 2002, cuando empezaron a tomarse medias por parte de Cánovas. La Inspección sacaba los colores a la Confederación Hidrográfica sobre los expedientes caducados, que tampoco eran la mayoría, pero sí llamativos; a la vez que indicaba, como lo hizo la investigación inicial de la Fiscalía madrileña, que más de la mitad procedían de la anterior administración socialista.

El accidente de Ontiveros

Sospechas para la novela negra

Con los testimonios recabados, pocos dudan además de que la anterior responsable jurídica de la Confederación, María Vicenta Oliveros, apoyada por otros, quiso destapar esta situación en el verano de 2002 para que se atajara. Según la Comisión pro Río de Orihuela, Oliveros fue animada a denunciar los hechos por el propio fiscal jefe de Murcia. Ésta sufrió un fatal accidente de tráfico cerca de Madrid, junto con su compañero y un hijo de éste, en las fechas en las que presumiblemente pensaba reunirse con el fiscal Emilio Valerio. Ese accidente -que fue investigado por la Guardia Civil- dio rienda suelta a sospechas, no probadas, que rayan todo lo imaginable y que dan para una novela negra.

La investigación se puso en marcha en Madrid porque el punto de mira inicial estaba en los despachos del Ministerio que supuestamente no habían actuado con rigor ante abultados expedientes sancionadores por robo de agua. La propia Fiscalía madrileña concluyó en el año 2004 que los altos cargos del Ministerio estaban al margen de cualquier trama organizada, y que debía limitarse la investigación a Murcia.

El «circo» de Valerio

Una investigación «sui géneris»

No obstante, el circo que se montó alrededor de las diligencias de Emilio Valerio, y su peculiar forma de llevar el caso (la firma de la denunciante supuestamente falsificada; documentos perdidos; filtración de diligencias, que le valieron quejas de sus superiores; y la ausencia de denuncia formal contra los «imputados»…), representaron de facto una condena social a nivel nacional contra los gestores de la Confederación y por extensión contra los usos del agua en Murcia. Sin necesidad de juicio. La misma mecánica obró sobre la finca El Chopillo de Moratalla, supuesto origen de muchos males; pese a que repetidamente los tribunales, y el fiscal jefe López Bernal, no han encontrado ninguna irrregularidad.

Los réditos de la investigación de la Fiscalía -que tuvo una segunda parte más discreta en Murcia- les han servido durante estos años a la Comisión Pro Río de Orihuela, a las organizacions ecologistas, a dirigentes de Aragón y de Cataluña; así como al PSOE y PP de Castilla-La Mancha, para denostar en mayor o menor grado la administración del agua en Murcia.

Convenía además investigar al Segura, y no al resto de cuencas, por todo lo que estaba en juego con el Plan Hidrológico Nacional. «Una gestión nefasta», desde luego; aunque elevar las extracciones ilegales de agua, que hay que perseguir, a la categoría de latrocinio universal va un trecho.

En este sentido, el escrito de archivo delfiscal jefe de Murcia ha querido nadar entre dos aguas: no aprecia delitos de prevaricación y contra el medio ambiente en los altos cargos de la Confederación Hidrográfica, que era de lo que se trataba; pero deja una salida airosa para que los denunciantes no se queden con el trasero al aire. Eso no ha impedido que Pro Río solicite su dimisión, como ha hecho con fiscales anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Después del millar de expedientes examinados por la Fiscalía, López Bernal llega a la misma conclusión que la Inspección General de Servicios, al poner en evidencia una mala gestión a la hora de perseguir los robos de agua y por ende los regadíos ilegales.

Ahora serán los juzgados naturales quienes investiguen en sus territorios los casos que aún siguen pendientes y que pueden constituir un delito contra el medio ambiente al superar el daño causado los 400 euros. Una práctica ya habitual, y muy saludable, en los usos de la Confederación y de la Fiscalía del TSJ.

Un puesto peligroso

Maletines y agresiones

La Confederación Hidrográfica del Segura está en la lista de los organismos más difíciles y complejos de toda la Administración española. Y también peligrosos. Como quiera que el agua es oro en Murcia, es cierto que por el despacho de algún presidente del organismo de cuenca, en la plaza Fontes, ha aparecido gente con un maletín de dinero a cambio de hacer la vista gorda. Otros se han presentado allí para agredir directamente al presidente; y otros más han movido teléfonos en instancias superiores para que les quitaran la sanción. Así se las gastan unos cuantos; cuyos excesos y delitos tiene que pagar el resto.

Para sacar una lectura positiva: ahora la gestión es mejor; todas las infracciones se persiguen, incluso en los tribunales ordinarios; y más de uno se lo pensará antes de mercadear con el agua. Es el efecto provechoso de la investigación de Fiscalía; aunque eso, lamentablemente, haya sido a costa de machacar a ciertas personas y de ensuciar la imagen de Murcia.

Los cuatro años de investigación de la Fiscalía sobre los robos en la Confederación Hidrográfica del Segura acaban sin culpables, pero dejan el estigma de los murcianos avariciosos de agua