La Unión Europea ha decidido archivar la denuncia de la Generalitat Valenciana contra la derogación del trasvase del Ebro. Así lo aseguró ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, antes de comparecer en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso para informar de la situación medioambiental en España.
«Hemos tenido desencuentros con algunos gobiernos autonómicos en esta materia, que deberían ser interpretados por los ciudadanos y por los gobiernos con el mayor respeto posible a las instituciones europeas», señaló la máxima responsable en materia medioambiental.
Tras una reunión del Colegio de Comisarios, la Comisión Europea decidió el pasado 21 de marzo archivar la denuncia del gobierno valenciano contra la derogación del trasvase. El ejecutivo levantino presentó dicha queja en julio del año 2004 en la que se oponía al decreto ley que modificaba el Plan Hidrológico Nacional y derogaba el trasvase, alegando un posible incumplimiento del derecho comunitario.
Según la ministra, el texto que acompaña el archivo de esta denuncia es «muy esclarecedor». Además, añadió que la Comisión Europea no tiene «ninguna duda» de que el Gobierno de España está actuando dentro de lo que exige la legislación europea en materia de agua.
La responsable del Ministerio de Medio Ambiente hizo hincapié en que el archivo de la denuncia hace patente que en España no se ha incumplido ninguna directiva comunitaria al derogar el trasvase del Ebro, ya que la Comisión Europea no ha apreciado vulneración alguna de la normativa de la UE.
CONFLICTO DE INTERESES «En política de agua, cuando comenzó esta legislatura», destacó la ministra, «España era objeto por parte de la Comisión Europea de un gravísimo conflicto de intereses porque el anterior Gobierno se empeñaba en solicitar 1.200 millones euros para el trasvase del Ebro».
Recordó que la Comisión Europea no llegó a financiar ese trasvase, y según Narbona, hay informes «contrarios a su financiación, que se conocieron antes de que se iniciase la presente legislatura»; de ese dinero, añadió, «no se obtuvo ni un euro».
Sin embargo, continuó, todas y cada una de las actuaciones del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) en las cuencas mediterráneas han recibido financiación europea. «Este programa se sometió a un proceso de evaluación estratégica y cumple las exigencias de las normativas medioambientales», indicó.
Por otra parte, la Comisión Europea dictaminó ayer que los proyectos de plantas desalinizadoras respetan la normativa medioambiental comunitaria, en concreto la directiva sobre Conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre y en lo que respecta a posibles impactos sobre las praderas de posidonia oceá