Más de una década después, 12 años para ser exactos, el trasvase Júcar- Vinalopó vuelve a ser la piedra en la cual tropieza la planificación de la cuenca hidrográfica del Júcar.
En 1997, este trasvase fue el detonante de una movilización masiva de la sociedad manchega y, especialmente, la albaceteña, en exigencia de un reparto más justo y equitativo de los recursos hídricos de la cuenca.
Hoy, para hacer viable esta obra, la Comisión Europea ha propuesto una batería de medidas que no sólo afectan a la Mancha Oriental, sino también a otras partes de la cuenca, como el propio Vinalopó, que han caido como una bomba entre los afectados.
«Ha sido toda una encerrona -decía ayer a La Tribuna el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte- porque no sabíamos nada de estas condiciones adicionales hasta que nos las encontramos sobre la mesa, el pasado miércoles».
Estas condiciones se pusieron sobre la mesa del Comité de Seguimiento de las Obras del Júcar-Vinalopó. Y, en la parte que le toca a la Mancha Oriental, se plantea una «restricción ambiental» de entre 30 y 50 hectómetros cúbicos para sus usuarios.
La historia de estas restricciones se remonta al año 2003. Por aquella época, y en medio de una tremenda controversia social, política y ambiental sobre este trasvase, la Unión Europea estableció una serie de condiciones para financiar esta infraestructura con 120 millones de euros de los fondos Feder, el 50% del presupuesto estimado.
«Casi nadie se opuso a las condiciones -recordaba Belmonte- porque todas eran asumibles y casi todas ellas encajaban bien con el articulado del Plan Hidrológico de Cuenca del año 98, aún vigente y en proceso de revisión».
Por poner algunos ejemplos, se planteaba que los caudales a trasvasar -80 hectómetros máximo- debían proceder de las medidas de ahorro de aguas para riego, o la creación de unas normas de explotación del trasvase que respetasen las necesidades de la cuenca, ambientales incluídas.
En 2006, la UE detalló aún más los criterios pero, salvo alguna imprecisión en las expresiones -se eliminó el término «modernización»- tampoco había nada que se considerase inasumible por las partes.
«Hasta que llegó el miércoles -señáló Belmonte- y nos encontramos con un documento de 250 folios, en el que, con el Plan del Júcar a medio revisar, sin consultas previas, ni petición de informes, ni alegaciones previas, vamos, lo habitual en la UE, nos pretenden imponer una serie de restricciones y de recortes a varios de los usuarios, con las que no contábamos y que, sin formar parte del proceso de revisión del Plan Hidrológico de Cuenca, lo condicionan por completo».
El presidente de los regantes manchegos señaló, además, que una restricción de ese calibre echaría el esfuerzo de décadas hecho en programas como la sustitución de bombeos, que se basan en cambiar volúmenes de agua subterránea por volúmenes de aguas superficiales, y que ya ha llegado a su segunda fase.
«Pero lo que realmente sorprende es el proceder de Bruselas -indicó- porque Europa había sido hasta ahora una administración muy garantista; te escuchaban, al final, podían decidir en tu contra, pero siempre oían a todas las partes, no te tendían emboscadas como ésta».
