La Política Agrícola Común (PAC) debe tener más en cuenta las preocupaciones sobre el agua en los Estados miembros e integrar mejor los objetivos de las políticas sobre la gestión de ese recurso, según un informe presentado por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE). En el caso de España, señala que el programa de gestión de esa cuenca incluía medidas para completar el registro de agua y la extracción ilegal, aunque el informe de sostenibilidad medioambiental para el programa de desarrollo rural en la zona «pasó por alto el problema de la extracción ilegal de agua subterránea». El programa de desarrollo rural tampoco contenía «ningún mecanismo para animar a los beneficiarios a cumplir con los procedimientos de autorización del agua».

En su informe, donde en España se centraron en la cuenca del Guadalquivir, detectaron que había problemas relacionados con el agua que no habían sido identificados de manera general, indicaron que de acuerdo con las listas de control empleadas por los inspectores en Grecia y España, «el verdadero volumen de agua extraída en la actualidad no se esta comprobando con los permisos».

Una aplicacion «floja» de medidas de desarrollo rural en materia de agua

Como ejemplo de una aplicación «floja» de medidas de desarrollo rural, señalan que una auditoría del Tribunal en España descubrió que se había aprobado un proyecto relacionado con el desarrollo de agricultura y silvicultura a pesar de que los derechos de agua concedidos al beneficiario eran «insuficientes para que fuera económicamente viable».

En opinión de los auditores, este caso muestra que las comprobaciones para aprobar un proyecto «no fueron eficaces», dado que el beneficiario acabó consumiendo «significativamente más agua de la que tenía derecho, vulnerando así dos criterios de elegibilidad para este tipo de proyectos».

Cardiff instó a los Estados miembros a «esforzarse más por adaptar sus programas de desarrollo rural y sus acciones para proteger sus recursos hídricos», a la vez que pidió «solventar los retrasos» en la aplicación de la directiva marco del agua».

El Tribunal de Cuentas recomendó a Bruselas proponer cambios «que permitan alcanzar las metas más ambiciosas» y, a los países, «utilizar mejor la financiación» del desarrollo rural y mejorar la calidad de los planes hidrográficos.

Hay mejoras, pero se debe trabajar mejor en su integración en la PAC

El estudio de los auditores comunitarios revela que sólo se ha conseguido «parcialmente» la integración de la política del agua en la PAC, dado que los instrumentos para incorporar los problemas relacionados con el agua han sido «insuficientes» y que la directiva marco del agua se ha aplicado con «retrasos y deficiencias».

«Aunque se han realizado progresos, es necesario que la Comisión Europea y los Estados miembros integren mejor las preocupaciones de la política del agua en la PAC para garantizar una utilización de agua sostenible a largo plazo», indicó en un comunicado el responsable del informe, Kevin Cardiff, miembro del Tribunal.

Recordó que la agricultura es en Europa uno de los principales usuarios de agua (emplea alrededor de un tercio del consumo total) y constituye una «fuente de presión en los recursos hídricos», a través por ejemplo de la contaminación de los mismos por nutrientes.

Los auditores examinaron si las políticas europeas del agua están reflejadas adecuadamente en la PAC, que representa cerca del 40% del presupuesto de la UE (más de 50.000 millones de euros en 2014).

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