El Gobierno central garantizó ayer a los regantes murcianos que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se ajustará «estrictamente» al ordenamiento constitucional y que éste no implicará ningún recorte de derechos que afecte a ciudadanos de otras comunidades. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y las ministras de Medio Ambiente y de Agricultura, Cristina Narbona y Elena Espinosa, se reunieron en el Palacio de La Moncloa con el comité de crisis de la cuenca del Segura, en el que se integran regantes, sindicatos organizaciones profesionales agrarias, exportadores y cooperativistas.
En la reunión, los integrantes del comité de crisis exigieron al Gobierno central un compromiso concreto en contra del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que fija la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015. El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y portavoz del comité de Crisis, Francisco del Amor, mostró su satisfacción tras recibir garantías de que el estatuto castellanomanchego «se arreglará», de que responderá al interés general de todos los territorios.
En rueda de prensa tras la reunión la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró que todos los estatutos de autonomía ya aprobados han sufrido modificaciones durante su tramitación parlamentarias.
Del Taibilla
Francisco del Amor expresó su satisfacción tras la reunión por los acuerdos conseguidos, y anunció la desconvocatoria de la concentración que los regantes iban a realizar en Madrid el próximo día 24 para exigir la devolución de la «deuda histórica» de los Canales del Taibilla. Serán 20 hectómetros cúbicos los que recibirán los regantes de esta mancomunidad murciana, casi la mitad de los 43 que les corresponde a causa de la cesión que hace cuatro años efectuaron para el abastecimiento de agua de alrededor de 80 localidades de Murcia, Almería, Alicante y Albacete.
Mientras tanto, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, dijo ayer que hasta el 1 de octubre «no es admisible ningún otro planteamiento de trasvase» distinto al que se aprobó el pasado 8 de junio para todo un cuatrimestre. El Gobierno de Castilla-La Mancha, dijo, espera del de España «una posición de prudencia en relación con el trasvase Tajo-Segura y con las demandas» de Murcia.
Por su parte, la presidenta del PP castellanomanchego, María Dolores de Cospedal, manifestó que mientras no exista un Plan Hidrológico Nacional (PHN) de verdad el Gobierno no podrá garantizar agua a los regantes murcianos ni a Castilla-La Mancha. Insistió en que cualquier solución que no pase éste no servirá, sino que serán «las políticas del PSOE de poner parches, de decir en una región una cosa y en la región contraria otra distinta».