El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, aseguró ayer que, «se pongan como se pongan» en Murcia, el trasvase del río Tajo al Segura «se va a terminar en 2015 por razones de justicia y de sentido común».

Lamata se pronunciaba así durante la rueda de prensa en la que informó del contenido del Consejo de Gobierno, al ser preguntado por el acuerdo entre el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, y el secretario regional de los socialistas de esa región, Pedro Saura, para defender conjuntamente el trasvase Tajo-Segura.

Fernando Lamata consideró inviable el mantenimiento del trasvase, pues la cuenca cedente, en este caso Castilla-La Mancha, tiene prioridad sobre la receptora, y existen, además, directivas europeas que obligan a respetar el medio ambiente.

Afirmó que «el trasvase cada día que dura es un atentado ecológico» y convierte al Tajo «en un río moribundo a su paso por Toledo».

«Río vivo»

El vicepresidente primero consideró que hay que duplicar o triplicar el caudal ecológico para que el Tajo «siga siendo un río vivo» y señaló que Murcia no puede pretender obtener del Tajo el agua que necesita para mantener sus producciones, sino que tendrá que buscarla en el mar.

Además, Lamata indicó que si el coste que tendría la utilización del agua desalada no les permite ser competitivos en Murcia, tendrán que buscar alternativas a su actual modelo económico.

Así, explicó que, por ejemplo, en la cuenca del Alto Guadiana, donde también los agricultores quieren regar y hay familias que viven del regadío desde que en los años cuarenta se les animó a regar para incentivar las producciones, se están poniendo en marcha alternativas que pasan por otros usos económicos y sociales porque no hay agua suficiente.

Lamata agregó que lo mismo podrían plantearse en Murcia, y recordó que tiene que recibir a través del trasvase un agua del que no dispone para poder seguir manteniendo su modelo productivo.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha consideró que «seguir insistiendo» en el mantenimiento del trasvase «es hacer perder el tiempo a los agricultores murciano, que dijo tendrían que estar ya pensando en alternativas».

Presión

En su opinión, lo que deberían hacer en la Región de Murcia es «presionar» al Gobierno central para que haga desaladoras, pues una grande puede llegar a producir 50 hectómetros cúbicos anuales, con lo que con cuatro, que podrían estar hechas en 2011, tendrían los 200 hectómetros que necesitan».

Preguntado sobre si el trasvase Tajo-Segura se tratará en la reunión que mantendrá el Consejo Territorial del PSOE el próximo sábado en Toledo, Lamata contestó que si se plantea el tema, está seguro de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dirá lo mismo que hace unos meses en Talavera de la Reina, que «no tomará decisiones en materia de agua» que afecten a la región «sin contar» con su presidente, José María Barreda.

Afirmó que la anulación del trasvase del Ebro supone que el del Tajo tiene que terminar, pues «es la misma lógica del no a los trasvases», y consideró que «la dirección del proceso está en línea con lo que está marcando el presidente Barreda».

Horizonte de 2015

Preguntado por qué a pesar de ello el Gobierno central aprobó el pasado viernes un trasvase de 69 hectómetros cúbicos, de los que 31,4 son para riego, Lamata contestó que de momento no se ha llegado al horizonte de 2015 y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aplica las normas de explotación «atendiendo a los criterios que cree oportunos», si bien reiteró el compromiso del presidente del Gobierno de que en política de agua en Castilla-La Mancha «el presidente Barreda tendrá la última palabra».

Como se recordará, en el encuentro celebrado el martes entre Valcárcel y el líder de los socialistas murcianos, Pedro Saura, se produjo un acercamiento en política de agua, en el sentido de que Saura apostó por hacer cumplir la Ley del Trasvase Tajo-Segura y conseguir que se alcancen los 600 hectómetros cúbicos anuales máximos que estaban previstos.

Ambos analizaron también la financiación autonómica, el control del litoral, las infraestructuras y el modelo de crecimiento económico.