Cuando se cumple un mes desde que la Mesa del Agua de Castilla-La Mancha diera el visto bueno al anteproyecto de Ley del Agua, las organizaciones agrarias inciden en que los objetivos de la futura norma han de ser una de las principales aspiraciones de los ciudadanos de la región, en general, y del colectivo agroalimentario y ganadero, en particular.

Asaja, UPA y Coag coincidieron en señalar que la ley tiene que primar el uso del agua por parte de los productores desde “un planteamiento profesional”, ya que se trata de un sector primario, básico para el desarrollo socioeconómico de la región.
El secretario regional de Asaja, José María Fresneda, apostó porque la gestión del agua sea legislada “como un hecho diferencial” en la región, como así lo han cerrado otras comunidades en sus estatutos o lo priorizan a través de unas políticas “que cuentan con la unión de toda la sociedad”.
Fresneda, en declaraciones a Lanza, echó en falta “un pacto nacional del agua” y criticó que las administraciones respondan a otros intereses “que no son profesionales”. Recordó que desde la organización a la que representa “venimos diciendo lo mismo hace treinta años”, que es que los compromisos adquiridos en materia hídrica “se cumplan”. En este sentido, pidió que la futura ley tiene “que cumplirse en todos sus aspectos”, al igual que los objetivos del Plan Especial del Alto Guadiana (PEag) y que se realicen las infraestructuras que ya contemplaba el Plan Hidrológico Nacional (PHN).
También reprobó que el tema hídrico no forme parte “del debate mediático” y dijo que han presentado las alegaciones a la ley.
A favor
De su lado, Elena Escobar, portavoz de UPA, se mostró de acuerdo con el contenido del borrador de la Ley del Agua e indicó que “no presentaremos alegaciones”.
En concreto, en declaraciones a este diario, se mostró a favor de la reserva estratégica para las  necesidades de Castilla-La Mancha de 4.000 hectómetros cúbicos, ser competentes en los órganos de dirección de las cuencas hidrográficas y en los procesos de planificación hidrológica. Del mismo modo, mostró su acuerdo con que se delimiten correctamente las cuencas hidrográficas de cada demarcación.
Más apoyos
En la misma tesitura se ha situado la organización agraria COAG-IR, que también apoya el borrador y repara en que los ciudadanos de la región tienen “derechos en relación con e lagua, con el desarrollo y con el medioambiente”, ya que, según opina, “no están por debajo de otras comunidades”. Considera, además, que los castellano-manchegos también “tienen derecho al trasvase del Tajo-Segura”.
Por ello, pide que se estudie añadir a la Ley un nuevo punto que establezca “que, mientras subsista el trasvase Tajo-Segura, las cuencas de Castilla-La Mancha cuyos recursos no puedan cubrir sus demandas puedan utilizar, los recursos del Tajo que se puedan considerar aún trasvasables una vez cubiertas todas las necesidades de la cuenca cedente”. De este modo, la futura Ley podrá amparar otras transferencias de recursos ya previstas como las de la Tubería de Abastecimiento a la Llanura Manchega y las de urgencia a las Tablas de Daimiel.