El Pleno de las Cortes regionales aprobó ayer una resolución por la que, entre otras cosas, insta al Gobierno central a garantizar una cantidad estable de agua mínima embalsada en los pantanos de cabecera del río Tajo de Entrepeñas y Buendía para mantener la actividad económica en esta zona.
PSOE y PP coincidieron en incluir esta petición en sus respectivas propuestas de resolución, aunque la propuesta no pudo ser consensuada por razones formales.
La iniciativa viene a abundar en el requisito legal de no poder trasvasar agua al Levante a través del Acueducto Tajo-Segura por debajo de 240 hectómetros cúbicos, cantidad muy cercana estos días al agua embalsada en Entrepeñas y Buendía, que anteayer apenas rozaba los 261 hectómetros. La resolución aprobada fue fruto de un debate general sobre el Plan Especial de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía solicitado por el Grupo Popular, que fue seguido desde la tribuna de invitados por el presidente de la Mancomunidad que agrupa a estas poblaciones, Julián Rebollo. El consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, defendió el Plan Especial subrayando que no ha pasado un año desde su firma y ya se están llevando a cabo actuaciones que superan más del 43 por ciento del presupuesto, cifradas en 79 millones de euros de inversión sobre un montante global de más de 181 millones hasta 2013. Actuaciones que resumió en infraestructuras de carácter comarcal y medidas con incidencia directa en los 49 núcleos de población y 22 municipios de Cuenca y Guadalajara afectados por este Plan. Guijarro anunció en que las próximas semanas está previsto que comiencen las obras para el abastecimiento mancomunado de agua a los pueblos ribereños. El diputado del PP Porfirio Herrero le dio la réplica denunciando que «en 23 años la Junta no ha realizado acción alguna tendente al desarrollo y mejora de la calidad de vida de estos pueblos ni por compensación, preocupación, interés o razón electoral puntual». Herrero no dudó de las buenas intenciones del Plan, pero aseguró que hasta hoy no hay una sola inversión directa de la Junta de importancia en la zona. La contrarréplica vino del socialista José Molina, quien centró el debate en las necesidades de agua y recriminó al PP haber trasvasado en ocho años la mitad de los 10.000 hectómetros cúbicos derivados al Levante en los treinta años del trasvase Tajo-Segura.
Guarinos denuncia la «incoherencia» de la Junta sobre los trasvases
m. canseco / toledo
Como suele ser habitual en cada Pleno de las Cortes, los grandes debates suelen generar reacciones posteriores de los grupos parlamentarios y ayer no fue una excepción. La portavoz del Grupo Popular, Ana Guarinos, se preguntó «cómo era posible» que la vicepresidenta segunda del Gobierno regional y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, estuviera ayer en Bruselas defendiendo la caducidad de unos trasvases, entre ellos el del Ebro, que los populares sostienen que se deben mantener para evitar que ese agua vaya al mar y pueda beneficiar a la España seca. Guarinos denunció la «incoherencia e irresponsabilidad» de Araújo para plantear eso, cuando aseguró que el Gobierno regional «está conforme» y realizando actuaciones favorables a los trasvases internos dentro de la región. «Nadie negará que la Tubería Manchega es un trasvase interno, pero trasvase», señaló. Según Guarinos, lo que el PSOE defendió ayer en Bruselas es que dichos trasvases tampoco se realicen para abastecimiento. La portavoz indicó que al PP le gustaría que la caducidad del Tajo-Segura la defendiera Araújo ante Zapatero y la ministra Narbona.
Moreno aclara que la Tubería Manchega sólo es para beber
m. canseco / toledo
Las declaraciones de Guarinos recibieron la rápida respuesta del Grupo Socialista de labios de su portavoz, Santiago Moreno, quien respondió al requerimiento de Ana Guarinos para que el PSOE explicara si está o no de acuerdo con los trasvases.
Según Moreno, la postura del PSOE es «clara, nítida y rotunda: no queremos trasvase Tajo-Segura, se mantiene un texto estatutario que nadie de nosotros ha cuestinado ni va a cuestionar».
Dicha reforma del Estatuto de Autonomía incluye la caducidad del Tajo-Segura en 2015, una fecha que el portavoz socialista apuntó que hasta podría ser anticipada, ya que Zapatero prevé desalar 1.000 hectómetros cúbicos anuales de agua hasta 2012.
«Debe mantenerse en su integridad la caducidad y si es en 2012 mejor que en 2015», sentenció. En cuanto a los «trasvases internos» criticados por el PP, aclaró que «no es verdad que vamos a llevar agua a la Llanura Manchega para regadíos, sino solamente para beber». Moreno subrayó que lo único que se debe compartir entre comunidades es agua para beber «y lo contrario es enredar por enredar».
El Comité de Regiones aprueba el informe Camps frente a la oposición de CLM
la tribuna / toledo
El Comité de Regiones, el órgano de representación de las comunidades de la Unión Europea, aprobó ayer el conocido como Informe Camps. Este dictamen, que ha promovido el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, incluye los trasvases como un recurso para combatir la escasez de agua.
La representante castellano-manchega en la institución, la vicepresidenta María Luisa Araújo, votó en contra, junto con Cataluña, Aragón, Baleares y Galicia. Aunque también ha contado con el apoyo del grupo socialista europeo, no ha sido suficiente.
Araújo denuncia que el informe Camps «no se alínea en la misma posición de la Unión Europea». De hecho, su órgano ejecutivo, la Comisión, ya señaló en 2007 que la solución al problema del agua se encuentra en el ahorro y la eficiencia en su utilización. Esta postura coincide con la regional, «tal y como ha reiterado en numerosas ocasiones el Gobierno de Castilla-La Mancha».
La vicepresidente resalta que al final el informe no ha salido del Comité de Regiones con un voto unánime, sino sólo con una mayoría simple. Además, la delegación alemana ha solicitado la devolución del texto por no haberse consensuado «suficientemente».
Desde Castilla-La Mancha, el portavoz en materia de agua del PSOE, José Molina, ha pedido al PP regional que se «desmarque» de la política oficial de su partido, que representa el presidente valenciano y su homólogo murciano. Criticó que al PP «se le llene la boca de palabras contra el trasvase», pero que sea el que esté manteniendo una «política trasvasista».
sólo vinculante. Como el Comité de Regiones es sólo un órgano asesor, el dictamen aprobado no tiene carácter vinculante. En algunos de sus párrafos más polémicos el Informe Camps señala que «se consideran positivos los trasvases de recursos excedentes y otros intercambios de agua (…) siempre que quede garantizada la mejora del medio ambiente, la calidad de las masas de agua, la calidad de los acuíferos y los caudales ecológicos». El dictamen también hace alusión a la desalación, a la que describe como «un proceso de alto consumo energético, que tiene un fuerte impacto medioambiental».