La mayor parte de las principales presas y embalses albaceteños siguen sin estar preparados para hacer frente a una emergencia. Y no es por falta de voluntad de los responsables técnicos, sino por culpa de un proceso administrativo y legal sumamente lento y complicado.
Esta situación afecta, por ejemplo, a los grandes embalses albaceteños del Segura, como son Fuensanta, en el término municipal de Yeste; Taibilla, en Nerpio o Camarillas y El Cenajo, ambos situados en el término muncipal de Hellín. O al embalse de Almansa, en la cuenca del Júcar.
Todos los citados tienen el nivel ‘A’ de riesgo potencial que, conforme a los criterios para esta clase de obras, son las que presentan un mayor riesgo para bienes y personas en caso de rotura. Para hacerse una idea, señalar que éste es el nivel de seguridad de la presa de Tous, tristemente célebre por la ‘pantanada’ de 1982.
La rotura de la presa de Tous, en el Júcar, que causó la muerte de nueve personas y cuantiosos daños materiales, fue el punto de partida de un proceso que, 30 años después, no ha terminado aún.
En 1983, un año después de la tragedia, se puso en marcha el llamado Programa de Seguridad y Explotación de las Presas del Estado, que preveía la inversión de 120 millones de euros -por aquel entonces, 20.000 millones de pesetas- sólo en seguridad.
Entre 1995 y 1996, se promulgaron la Directiz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones y el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, donde se establecen cuatro niveles de riesgo (A,B,C, y D).
La previsión era que el catálogo de presas y embalses, con los correspondientes niveles de seguridad, estuviese acabado en 1997. Pero, en 2003, la situación no había avanzado demasiado.
En una respuesta parlamentaria, el Gobierno de la época, del PP, admitió que sólo se habían catalogado 752 presas de las 1.629 que estaban en construcción, proyecto o explotación. De ellas, sólo «una minoría» tenía los planes de explotación aprobados.
Al menos, por aquel entonces las principales presas y embalses de albaceteños ya tenían su nivel de seguridad asignado. Todas ellas eran del tipo ‘A’, el de mayor riesgo en caso de rotura, excepto Taibilla-Toma, que pertenece al ‘B’.
La situación no ha mejorado mucho bajo la actual administración socialista. En julio de 2009, según la relación publicada por la Dirección General de Protección Civil, sólo tres presas albaceteñas tenían un plan informado o aprobado: Rambla de los Charcos, Rambla del Bayco y Rambla del Boquerón, las tres de la CHS.
Pero el problema es aún mayor, si se tiene en cuenta que una cosa es tener un plan aprobado y otra, muy distinta, tenerlo en condiciones de ser aplicado en caso de una emergencia real.
Y ahí donde se choca contra la burocracia. El titular de la presa redacta el plan de emergencia; se lo pasa a la Confederación Hidrográfica correspodiente, que se lo pasa a la Dirección General del Agua, que se lo pasa a la Dirección General de Protección Civil.
Una vez obtenidos todos los vistos buenos y pronunciamientos favorables, el expediente desanda el camino de nuevo hasta el titular -en Albacete, las mayores presas son propiedad del Estado- y éste, con el plan ya aprobado, se lo pasa a los organismos que se encargan de aplicar el plan.
En Albacete, eso corresponde a Protección Civil de Castilla-La Mancha. Fuentes del Gobierno regional, consultadas por La Tribuna de Albacete, reconocieron que, por el momento, no les ha llegado ningún Plan de Emergencia correspondiente a nuestra provincia.
Y la situación estatal tampoco es mejor. En febrero de 2010, los planes aprobados sólo eran 187; los que estaban en análisis en la Dirección General del Agua, 174; y, en Protección Civil, sólo 45.
