Los ministros de Medio Ambiente de la UE adoptarán mañana en Luxemburgo un documento de conclusiones con el que por primera vez los Estados miembros asumirán que la sequía y la escasez de agua es un problema comunitario y en el que asumirán las propuestas de la Comisión Europea para ahorrar agua en primer lugar con los medios de los que ya se disponen y fijar una tarifa justa que refleje todos los costes asociados.

Las conclusiones sobre sequía y escasez de agua son el primer espaldarazo político formal que darán los Estados miembros a un tema que abanderaron España, Italia y Portugal y sobre el que Bruselas presentó un informe el pasado mes de julio en el que, entre otras cifras, afirmó que afecta a al menos el 12% del territorio de la UE, al 19% de su población y a al menos 33 cuencas hidrográficas. «El impacto económico total de la sequía a escala de la UE en los últimos 30 años se estima en 100.000 millones de euros», afirma el borrador.

Fuentes diplomáticas destacaron que en sus conclusiones los ministros respaldarán la defensa española de tratar estos temas desde una óptica internacional y que también acogerán, aunque de manera más difuminada, la propuesta del Gobierno de crear un Observatorio Europeo sobre el Agua, que en todo caso no quedará más que como una posibilidad futura.

La delegación española en el Consejo estará encabezada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, a la que acompañará en representación de las comunidades autónomas el consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia, Manuel Vázquez.

Según el borrador de las conclusiones que se adoptarán el martes, se reconoce que «la escasez de agua y la sequía son problemas con importantes repercusiones socioeconómicas y ambientales en la UE», que «han ido aumentando tanto en intensidad como en frecuencia en estos últimos años», con «repercusiones directas sobre los ciudadanos y sobre sectores económicos como la agricultura, la silvicultura, el turismo, la industria, la energía y el transporte».

Sus efectos también se dejan ver, añade el borrador, «en el mayor riesgo de incendios forestales» y «sobre la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero».

Los ministros puntualizarán también que la sequía y escasez de agua «deberían considerarse por separado», puesto que la primera es un fenómeno natural y la segunda se relaciona «con los desequilibrios entre la oferta y la demanda», y hacen hincapié en que su tratamiento debe hacerse desde la actual directiva del Agua, que contempla que los planes de gestión de las cuencas hidrográficas tiene que «tener debidamente en cuenta el equilibrio entre oferta y demanda» y también, según indicaron las fuentes, persigue una tarificación del agua justa y que refleje todos los costes.

También contemplarán «la necesidad de nuevas medidas de abastecimiento de agua cuando el impacto de las medidas de ahorro de agua previstas resulte ser insuficiente». «Estas medidas relativas a la oferta pueden consistir en opciones tradicionales o bien alternativas, incluidas, por ejemplo, la reutilización de aguas residuales o la desalinización, realizadas en condiciones sostenibles», añaden.

OGM

Por otra parte, los ministros analizarán la petición de moratoria que ha pedido Austria para dos variantes de maíz transgénico –Zea Mays L. Línea T25 y Zea Mays L. Línea MON810–, de manera que se le permita no aplicar la ley europea y pueda prohibir su uso para la alimentación animal, el procesado industrial y el cultivo.

Dos años después de que Austria lo pidiera por primera vez y que fuese rechazado por la Comisión, Bruselas prepara una nueva propuesta para permitir a Viena vetar el cultivo de estos dos maíces, aunque no su procesamiento o su uso como alimentación animal. Sin embargo, fuentes comunitarias señalaron que no es probable que la Comisión Europea haya tomado mañana una decisión al respecto.

Se mantienen grandes diferencias en el colegio de comisarios entre quienes dudan de la seguridad de estos dos maíces, como el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, y quienes opinan lo contrario, entre quienes se encuentra el responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia.

AVES CARROÑERAS

Por su parte, Narbona ha pedido un punto de discusión para informar a sus colegas y a la Comisión de los efectos nocivos que ha tenido para la alimentación de las aves carroñeras y otros animales como osos y lobos las restricciones que se contemplan en la normativa comunitaria para frenar el contagio de encefalopatía espongiforme bovina (EBB), conocida como el «mal de las vacas locas», y pedirá que se tengan en cuenta en el momento de su revisión.

Las fuentes explicaron que la ministra pondrá el acento la supresión de los muladares y la obligación de incinerar todos los cadáveres de animales que figuran en el reglamento de la UE. Esto ha hecho que en los últimos meses se hayan registrado numerosos casos en los que estas aves, o también animales como lobos u osos, hayan atacado a vacas u ovejas vivas para alimentarse, debido a que ya no disponen de animales muertos.

Aunque no planteará ninguna alternativa concreta a la normativa en vigor, Narbona pedirá a la Comisión que tenga en cuenta estos efectos cuando revise el reglamento, manteniendo sin embargo que las medidas contra las «vacas locas» son «acertadas», precisaron las fuentes.

CAMBIO CLIMÁTICO

Los ministros concluirán la postura de la UE de cara a la Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto que tendrá lugar del 3 al 14 de diciembre en Bali y continuarán también con el debate político sobre la propuesta de directiva para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la gasolina, el diésel y el gasóleo, donde la cuestión más complicada tiene que ver con la fijación de objetivos de reducción que podrían ser de 1% anual por un periodo de 10 años.

Según las fuentes, la posición española a este respecto es de «apoyo crítico», puesto que está de acuerdo con el fondo pero pide precisiones en la metodología y sobre si deben estar obligados por estos objetivos todos los que participan en la cadena del sector de los hidrocarburos, dentro y fuera de la UE.