Los agricultores y ganaderos españoles conocerán «a finales de este semestre» y «con un detalle muy aproximado» las condiciones bajo las cuales podrán recibir sus subvenciones a partir de 2015, primer año de aplicación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) a las ayudas directas. Así lo ha afirmado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien comparece en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) para explicar los acuerdos para la aplicación de la PAC, el reparto de las partidas al desarrollo rural, distribución de los TAC’s y cuotas pesqueras o el protocolo entre la Unión Europea (UE) y Marruecos. Según ha explicado Arias Cañete, el Gobierno «está cumpliendo con el calendario» de la reforma de la PAC y que España «está yendo por delante de otros Estados Miembros. Desde la oposición no se mostró tanto optimismo.
El ministro ha subrayado el “elevadísimo grado de consenso que hemos alcanzado con las Comunidades Autónomas en el proceso de reforma de la Política Agrícola Común (PAC)”. También ha destacado el “diálogo fluido” con el sector, cuyas propuestas se han incorporado al debate, de forma que algunas se recogen en el resultado final.
Gracias a este consenso, el ministro ha recalcado que “se ha podido acordar un modelo de aplicación de la nueva PAC en España para que todos los sectores agrarios y ganaderos sigan siendo competitivos y realicen su actividad con unos niveles de apoyo similares a los anteriores”.
Miguel Arias Cañete ha comparecido en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el Congreso de los Diputados, para detallar los acuerdos alcanzados por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que se celebró los días 20 y 21 de enero pasados en el marco de la aplicación en España de la Reforma de la PAC, así como de otras cuestiones relativas al sector pesquero.
Defiende que las posiciones "divergentes han sido minoritrias"
En su intervención, Arias Cañete ha apuntado que, una vez logrado el acuerdo político en la Unión Europea para la reforma de la Política Agraria Común, las decisiones a nivel interno se han plasmado en los acuerdos alcanzados en el marco de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de julio de 2013 y la celebrada los pasados 20 y 21 de enero. “En ambos casos, las posiciones divergentes han sido minoritarias”, ha asegurado.
En relación con la participación de las organizaciones profesionales agrarias en la Reforma, el ministro ha recordado cómo en los últimos dos años se han mantenido más de cien reuniones y, en particular, se ha convocado al Comité Asesor Agrario en siete ocasiones.
“Solo gracias a la negociación que hemos llevado a cabo en Europa y a los acuerdos consensuados en España, podemos hoy mirar con optimismo el futuro de nuestro sector agrario con la vista puesta en 2020”, ha explicado el ministro, tras recordar que España cuenta con una ficha financiera para el periodo 2014-2020 de 47.000 millones de euros cuando hace tan solo dos años “la financiación de la PAC estaba en el aire, con un gran número de Estados miembros dispuestos a reducir el presupuesto de la UE a costa de la PAC o a favor de otras políticas”.
Las ayudas medias se mantendrán "a un nivel similar al actual"
Miguel Arias Cañete ha detallado los avances conseguidos en el diseño de un modelo de regionalización del territorio con arreglo al cual se concederán las ayudas del Pago Base y el Pago Verde. Según el ministro, este acuerdo minimiza los efectos negativos de la convergencia de las ayudas sobre la rentabilidad de las explotaciones agrarias. “Ello, junto con la limitación de la superficie máxima elegible, permitirá que la intensidad de ayuda media en las explotaciones se mantenga a un nivel similar al actual”, ha asegurado.
Además, el titular de Agricultura ha señalado que esta reforma permite corregir los defectos del sistema de ayuda actual y orientar los pagos directos hacia una agricultura realmente activa. Según Arias Cañete, “esta es la primera vez en la historia que se establecen este tipo de criterios para la concesión de las ayudas del primer pilar de la PAC”.
Es decir, ha aclarado, que los beneficiarios de las ayudas directas ahora sí que tendrán que serán activos, ya que el beneficiario de las ayudas deberá ser el responsable de la actividad económica que declara, el que corra con el riesgo empresarial de la actividad, de la que debe obtener ingresos más allá de las ayudas. Para el ministro, “esta mejor orientación de las ayudas era necesaria para evitar el abandono de la actividad agraria”.
Asimismo, el ministro se ha referido al apoyo a los jóvenes agricultores, para los que se acordó, en la Conferencia Sectorial del pasado mes de julio, dedicar hasta 97 millones de euros en concepto de ayuda complementaria al Pago Base, que podrán recibir durante cinco años.
Arias Cañete también se ha referido al acuerdo alcanzado sobre los criterios y los sectores que van a percibir las ayudas acopladas. Según ha explicado, estas ayudas buscan evitar el abandono de aquellos sectores más vulnerables o que resulten más afectados por el nuevo sistema de pagos directos, “asegurando que la diversidad productiva que caracteriza a nuestra agricultura tenga cabida en la nueva PAC”.
Sobre la aplicación de la reforma, Arias Cañete ha avanzado que los agricultores y ganaderos podrán conocer con un detalle muy aproximado, las condiciones bajo las cuales podrán recibir ayudas a partir de 2015, primer año de aplicación de esta reforma a las ayudas directas. “Desde el Gobierno estamos cumpliendo con el calendario de la reforma de la PAC, yendo muy por delante de otros Estados miembros”, ha subrayado.
En Desarrollo Rural se ha compensado "asignaciones de forma injustificada"
Por otra parte, Arias Cañete ha indicado que en la Conferencia Sectorial de enero se acordó con las Comunidades Autónomas el reparto de fondos comunitarios FEADER para los programas de desarrollo rural 2014-2020. Además, se informó sobre la futura contribución de la Administración General del Estado a estos programas y se acordó la creación de un grupo de trabajo para establecer los criterios y mecanismos que permitan las transferencias de fondos entre programas de desarrollo rural, en el caso de riesgo cierto de descompromiso.
En concreto, el ministro ha explicado que de los 8.291 millones de euros que España dispondrá para desarrollo rural, se ha decidido repartir 8.053 millones entre las Comunidades Autónomas y destinar 238 a un programa nacional.
En este punto, Arias Cañete ha comentado que, al analizar la distribución de fondos comunitarios realizada en diciembre de 2006 para el periodo 2007-2013 “se observó que, a pesar de la importante reducción de fondos globales para España, algunas comunidades autónomas incrementaron su asignación de forma injustificada”.
Así, en 2006 se obtuvo un presupuesto para desarrollo rural FEADER de 7.213 millones de euros, frente a los 8.957 millones obtenidos para el periodo 2000-2006, lo que supuso una disminución de fondos para España del 19%. Sin embargo, ha recalcado, al realizarse el reparto por comunidades autónomas, “Andalucía incrementó su asignación de fondos hasta el 133,6% de lo percibido en 2000-2006, alcanzando el 26,5% del FEADER asignado a España en 2007-2013, mientras que el resto de comunidades (excepto Extremadura) sufrieron notables reducciones de fondos de un 30% de media”.
Por ello, “ahora se ha considerado oportuno no consolidar esta situación y repartir los fondos 2014-2020 según un sistema lo más objetivo posible”. Por lo tanto, ha añadido, se ha optado por aplicar la fórmula propuesta por la Comisión Europea que integra indicadores comunitarios de la situación económica, medioambiental y territorial. No obstante, ha aclarado, a este reparto se ha aplicado un estabilizador de pérdidas del 10% respecto de la situación actual y se ha valorado la buena ejecución de la programación actual, de forma que no se detraigan fondos a aquellas comunidades que presentan una ejecución adecuada de su senda financiera.
Por otra parte, Arias Cañete se ha referido a la cofinanciación de los programas de desarrollo rural. Así, en el periodo 2007-2013 la Administración General del Estado financió de media el 44% del gasto nacional, debido principalmente a la pérdida de fondos comunitarios en ese periodo.
Justifica la reducción del 30% de la aportación nacional
Sin embargo, las dificultades económicas y financieras que afectaron a todas las administraciones hicieron necesaria la modificación de los programas, disminuyendo la aportación de las administraciones autonómicas y, en consecuencia, de la Administración General del Estado.
A esto se añade que en el periodo 2007-2013 se pasó a una situación en la que no existía programación nacional y las comunidades autónomas diseñaban su propio programa de desarrollo rural y orientaban sus medidas según su criterio. “De este modo, la aportación de la Administración General del Estado ha sido incondicional”, ha asegurado.
A pesar de todo lo anterior, “el Gobierno ha considerado prioritario seguir apoyando las políticas de desarrollo rural regionales”. Así, la Conferencia Sectorial de enero ha decidido que la Administración General del Estado financie el 30% del gasto nacional de los programas de desarrollo rural de las Comunidades Autónomas, calculado a la tasa máxima de participación comunitaria en la financiación.
Los partido no ven tan claro tanto optimsmo
Por su parte, el diputado socialista Felipe Jesús Sicilia ha preguntado al ministro si «de verdad» ningún agricultor o ganadero perderá con el nuevo modelo de PAC y le ha pedido que explique cuál es el modelo de regionalización concreto -número de «comarcas» y cómo se distribuirán- y los niveles de ayudas que recibirá el sector.Por último, el portavoz del PP en la Comisión, José Cruz Pérez Lapazarán, ha acusado al PSOE de «manipular» y le ha conminado a «no meter miedo» o buscar la confrontación entre agricultores y ganaderos por la aplicación de la PAC, un acuerdo que ha sido «un éxito», «despeja el camino» y garantiza su futuro con condiciones de competitividad.
Sicilia ha pedido pagos «acoplados» para trigo duro y olivar «de pendiente» y ha criticado especialmente los recortes en desarrollo rural -principalmente para Andalucía- que, según sus datos, a nivel global supondrá un ahorro para el Estado de 2.000 millones de euros en cofinanciación.
En su intervención, el diputado de UPyD Toni Cantó ha considerado que se ha diseñado una PAC «a espaldas del sector», que no acaba con los agricultores «de sofá», y ha expresado sus dudas sobre los criterios acordados para su aplicación.
Para María Olaila Fernández Davila (BNG), el Gobierno podría haber realizado un reparto más equitativo y favorecedor para Galicia de las ayudas, además de no compartir la definición de agricultor activo, por no tener en cuenta pequeñas granjas y minifundismo.
Joan Baldoví (Grupo Mixto) ha planteado que 37.000 agricultores de la Comunidad Valenciana que cobran menos de 300 euros dejarán de percibir estas ayudas PAC, lo que supondrá una pérdida de 10 millones de euros anuales para la región, además de cuestionar que no se incluyan subvenciones para las frutas y hortalizas.
El diputado del PNV Joseba Agirretxea ha mostrado su rechazo por el modelo de regionalización y ha pedido una mayor convergencia de las ayudas y que éstas lleguen a cultivos nuevos como la patata, mientras que, en desarrollo rural, ha acusado al Gobierno de invadir sus competencias.
Desde CiU, Marc Solsona ha preguntado al ministro si Cataluña perdería en el próximo período de programación 140 millones de euros en cofinanciación del Estado al desarrollo rural, tras criticar el modelo «recentralizador» de la PAC.