El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha advertido esta semana en el Senado que los agricultores podrían recibir un 50 por ciento menos de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) si, finalmente, la Comisión logra ampliar la superficie total potencialmente subvencionable incluida en el Sistema de Información geográfica de la PAC.
«El hecho de que en nuestro país haya una enorme diferencia entre el número total de hectáreas declaradas para el régimen único en el año 2009, que son de 21 millones, y la superficie total potencialmente subvencionable, que es de 38 millones, puede diluir sensiblemente la cuantía de los importes por hectáreas», afirmó.
«Es decir –continuó- las disposiciones de reforma de la Comisión permitirían que 38 millones de hectáreas se pudieran beneficiar del nuevo sistema de apoyos. La mayor parte de esa diferencia, hasta alcanzar los 38  millones de hectáreas, procede de pastos permanentes».
Por ello, el titular de Agricultura subrayó que es imprescindible para España poder limitar el número de hectáreas admisibles porque si se pasa de 21 a 38 millones y las ayudas con un pago uniforme, como quiere la Comisión, las subvenciones  que perciben los agricultores actualmente se diluyen «de una manera salvaje», es decir, «se reducirían en un 50 por ciento», y «bajaría desde los 229 euros hectárea hasta 125 euros hectárea».

Ayudas en CLM. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Agricultura, del 2011, Castilla-La Mancha recibió 1.075 millones euros de la PAC: 847,3 millones del FEAGA, 20,3 millones de ayudas acopladas a ganadería bovina y 208,1 millones de programas para desarrollo rural.
En 2011, Castilla-La Mancha recibió un 13,7 por ciento del total de ayudas de la PAC en España, una proporción superior a la de su peso en el conjunto del sector agrario nacional y, los pagos medios por beneficiario, son ligeramente menores a la media nacional.
En concreto, en Castilla-La Mancha el número de beneficiarios por estas ayudas ascendió a 150.916 personas, con un valor medio de 4.448 euros, frente a los 4.996 euros que se recibe en el  conjunto de España.

Propuesta de la Comisión. La Comisión Europea ha planteado la desaparición del modelo histórico de pago único, actualmente en vigor, por un nuevo régimen de pago básico por hectárea admisible a disposición de los agricultores el primer año de aplicación del régimen, con el fin de garantizar una mejor distribución de la ayuda entre las tierras agrícolas de la Unión.
Arias Cañete reconoció durante su comparecencia en la Comisión del Senado que éste es uno de los problemas mayores a los que España debe enfrentarse en la reforma porque podría suponer trasvases muy importantes de ayudas entre sectores y territorios que producirían «graves desajustes» en las ayudas percibidas por los agricultores, hasta el punto de que podrían poner en riesgo la viabilidad de las explotaciones.
«Por lo tanto –dijo- no podemos apoyar esta propuesta y consideramos necesario plantear un mecanismo de aproximación, progresivo y limitado, para que el nivel de pagos directos sea ajustado a lo largo del período transitorio, siguiendo los mismos principios de la convergencia entre Estados miembros».
«Para España es imprescindible limitar el número de hectáreas admisibles que puedan entrar en el sistema, mediante el establecimiento de un período de referencia anterior a 2014. De esta forma, el nivel de apoyo podría mantenerse en un valor razonablemente similar al actual y se minimizaría la competencia entre agricultores y ganaderos», concluyó.

Apoyo internacional. La propuesta del Gobierno español, apoyada por Irlanda, Italia, Portugal, Dinamarca y Luxemburgo, tiene en cuenta la especificad de una parte importante de la ganadería española que, por la ausencia de tierra o por el sistema de tenencia de la misma, pudiera quedar desplazada del modelo si únicamente se contemplase la posibilidad de un pago por hectárea
La aportación presupuestaria para la PAC, que actualmente se recoge en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020, y que mantiene la financiación de la PAC a nivel del 2013 con 317.700 millones de euros para el citado período, constituye un mínimo aceptable para España.