El ministerio de Agricultura ha pasado a la fase de consulta pública un borrador de Real Decreto sobre “aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y el establecimiento del sistema integrado de gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural”, que establece que el agricultor, en su solicitud, tendrá que indicar el régimen de tenencia de cada parcela, y en el caso de arrendamiento, indicar el NIF del arrendador. Esta información nunca se había solicitado a los agricultores, salvo para algunas ayudas vinculadas a las inversiones donde lo que se aportaba era la copia del arrendamiento escrito para demostrar la disponibilidad del terreno por un determinado periodo. ASAJA, «que está a favor de la trasparencia y quiere el mismo trato fiscal y en derechos para todos los arrendadores y arrendatarios, considera que esta medida es de muy difícil aplicación».

Según señala en una comunicado, considera que, por un lado, «muchos propietarios pueden tener reparos a que sus datos figuren en una solicitud de ayuda, y podrían optar por no arrendar su propiedad, una desconfianza fácil de entender si se tiene en cuenta que la mayoría de los arrendamientos son verbales». Por otro lado, en muchos casos, y sobre todo cuando se trata de fincas de escasas dimensiones y propiedades pequeñas, «es difícil saber quién es el representante legal, pues suele haber varios herederos que no han repartido la herencia o no lo han comunicado a los registros correspondientes (Catastro y Registro de la Propiedad)».

ASAJA desconoce los motivos por los que Agricultura pretende conocer los datos de los arrendadores de terrenos rústicos, pues la organización agraria entiende que esa información no la tiene prevista el Reglamento europeo que regula las ayudas de la PAC (Reglamento UE 1307/2013), y considera que «si el fin es de naturaleza fiscal y tributaria, hay otros mecanismos para detectar el posible fraude sin comprometer los intereses de los agricultores y ganaderos profesionales».

En este sentido, la organización agraria, señala que los agricultores profesionales de la provincia de León «escasamente disponen de un 30 por ciento de superficie agrícola en propiedad, porcentaje que es todavía menor cuando se trata de un joven o cuando se refiere a la ganadería de montaña. En la superficie arrendada, en la provincia de León, tiene gran importancia los terrenos propiedad de las juntas vecinales, tanto en tierras de cultivo como pastos».

Respecto a las fincas de particulares, el agricultor por lo general trabaja fincas de varios propietarios. La propiedad de la tierra está muy atomizada, pues en la provincia hay 361.700 titulares catastrales para una superficie de 1,5 millones de hectáreas repartidas en 2,6 millones de parcelas.

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