La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la competencia exclusiva de la Junta sobre el Guadalquivir fue bien recibida por los ecologistas y los regantes, dos de los colectivos que fueron más críticos con la potestad que atribuía a Andalucía el artículo 51 del Estatuto.
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Ecologistas en Acción y WWF España admitieron que «no lamentan» el varapalo del alto tribunal al texto autonómico. Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Andalucía, recordó que este colectivo ha expresado en repetidas ocasiones su insatisfacción con la gestión de la Junta en materia de agua, una competencia que, según Yllescas, «le viene grande a la Administración andaluza».
WWF difundió un comunicado en el que recordaba que la organización siempre ha estado «en contra» de la transferencia a Andalucía de la gestión del Guadalquivir al considerar que suponía «la desaparición de la unidad de gestión de cuenca y la pérdida de una política hidrológica nacional coherente». Además, según WWF, esta transferencia «incumplía» la Directiva Marco del Agua (DMA) de la UE, «cuyo principio básico es la gestión a través de la unidad de cuenca, algo que solo puede garantizarse si la competencia es estatal».
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes y la Federación Andaluza de Regantes apoyó también el fallo judicial. En su opinión, el artículo 51 suponía un mal precedente para otras reivindicaciones autonómicas sobre la gestión de cuencas y atentaba contra la concepción del agua como un derecho común.
Más preocupado se mostró el secretario de Organización de Coag en Andalucía, Eduardo López, que confió en que el cambio de situación tenga «un arreglo factible» para que la gestión del Guadalquivir siga siendo «cercana a Andalucía».