El profesor del Instituto Federal de Investigación Agrícola (FAL) de Brunswick (Alemania), Werner Kleinhanss, ha asegurado en su intervención que el nuevo marco financiero de la PAC estará condicionado por restricciones presupuestarias «relevantes». Kleinhanss ha explicado que hay «cargas financieras adicionales» que condicionarán el debate, como las ayudas de rescate a Grecia o el gasto para estabilizar el euro, que han costado 150.000 millones a Alemania -primer contribuyente neto-, y que existe escasa legitimación de los pagos únicos ligados a derechos históricos. Ha apuntado, por tanto, «algunas razones» para que se produzcan cambios presupuestarios, un «ajuste» de la PAC o «quizás una reforma importante». Según ha precisado, algunas corrientes liberales defienden que la PAC debe ser «reformada totalmente» y que países como Holanda abogan por una «salida progresiva» de los pagos directos en favor de ayudas «compatibles con el mercado», mientras que otros expertos franceses defienden «pagos contractuales». Un estudio encargado por el Parlamento Europeo, del que Kleinhanss es coautor, plantea un sistema «por etapas» que se inicia con un período de pagos transitorios para mejorar la renta de los productores, con cofinanciación obligatoria de los Estados. En una segunda fase, se pasaría a un sistema de pagos por la provisión de «bienes públicos» a través de unos contratos «sencillos, limitados en el tiempo y no transferibles», que podrían suscribir tanto agricultores como otros agentes y que les compensaría por su trabajo y por el cuidado del medio ambiente. En su alocución, se ha mostrado partidario de la cofinanciación en un porcentaje de entre el 25 y el 30 por ciento de las ayudas de la PAC, porque, en su opinión, existe el riesgo de «mala gestión» o decisiones «equivocadas» si la mayor parte de las inversiones las sufraga la Unión Europea. Kleinhanss ha afirmado que su apuesta personal pasaría por reducir en dos tercios el presupuesto del primer pilar, con un «pago básico» a los agricultores; una tercera parte se transferiría al segundo pilar, y un tercio se «sacaría del presupuesto agrícola» y se «ahorraría» para dedicarlas a otras actividades. Ha advertido, además, sobre otros aspectos negativos para el campo europeo, derivados de las políticas bionergéticas en la UE y EE.UU porque producirán «grandes variaciones» de precios agrarios y «un enorme impacto» sobre las cotizaciones de la tierra. Por su parte, el profesor de la Universidad de Córdoba José Emilio Guerrero Ginel ha explicado ante la Comisión Mixta que este debate está marcado por la crisis económica y financiera, la participación de más países en la UE y un recorte presupuestario que «cambiará las formas de hacer políticas públicas» y «obligará a repensar muchas cosas». Sobre la renacionalización o cofinanciación de la PAC, Guerrero ha defendido que existan «reglas comunes», pero que los Estados, regiones y municipios tienen «el deber y la oportunidad» de enfatizar algunas medidas en función de la singularidad de sus territorios. «Ese traje a la medida, probablemente tenga que ser cofinanciado», ha reconocido. Se ha mostrado partidario, además, de alcanzar «una nueva PAC» con una «reorientación» y «nuevas reglas» para responder a retos como la seguridad alimentaria, volatilidad de precios, mejora de la cadena de valor o el cambio climático. Ha defendido un «tránsito» de la PAC que implique un cambio «realmente importante» desde las políticas basadas en la oferta y la demanda hacia otras que apoyen los denominados «contratos territoriales». Los «pagos por objetivos» cobrarán más importancia, según Guerrero, en un escenario donde «lo superfluo se quitará» y se mirará más la legitimidad y la eficacia de las ayudas. Como factores positivos, Guerrero ha asegurado que la UE cuenta con un comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, «muy agrícola y muy de desarrollo rural», que defiende que la PAC es clave para la integración europea, el empleo, el crecimiento sostenible y la lucha contra el cambio climático. Ha recordado, además, que el Consejo Europeo de Primavera mostró la unanimidad de apoyar una PAC que contribuya a conseguir los objetivos de Estrategia de la UE 2020 y que la opinión pública europea, según los datos del último Eurobarómetro, apoya en un 83 por ciento la continuidad de las ayudas agrarias.