Los ministros de Agricultura de la Unión Europea analizan hoy el sistema de pagos directos que plantea la propuesta de la Política Agrícola Común (PAC) que la titular española, Rosa Aguilar, prevé rechazar ante sus homólogos europeos. La Presidencia polaca de turno de la UE ha preparado un cuestionario para el intercambio de opiniones sobre la reforma propuesta por la Comisión Europea, que se centra en el modelo de pagos directos y la distribución de las ayudas directas entre y en los propios Estados miembros.

La propuesta que presentó la Comisión en octubre fue recibida con indignación tanto por el sector como por la mayoría de los gobiernos. La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha adelantado que rechazará en el Consejo de Ministros el modelo de pagos directos. España rechaza «el pago base» que propone la Comisión Europea, porque «no reconoce la diversidad de cultivo ni las zonas y métodos de producción». En su opinión, «pone en serio peligro la viabilidad de muchas explotaciones, precisamente las más eficientes con alto rendimiento pero también con importantes costes productivos». La ministra reiterará que el giro que se da a los pagos directos en la propuesta de reforma «no legitima socialmente a la PAC» y es «inaceptable» porque «generará importantes desequilibrios territoriales y productivos en nuestro país». En el almuerzo, los ministros abordarán el llamado incentivo verde o prima ecológica, en virtud de la cual se debe vincular un 30 % de las ayudas directas a compromisos medioambientales, otra de las propuestas incluida en la PAC que ha suscitado controversia. España está a favor de una PAC «más verde», pero lamenta que la Comisión abogue por poner en ese sentido «el reloj a cero». «Los agricultores están haciendo ya políticas medioambientales y eso ha de valorarse», dijo Aguilar a principios de mes en la Eurocámara, donde aseguró que es «un error no valorar lo que ya se hace en la realidad cada día para preservar el medio e impulsar el desarrollo sostenible de la agricultura». Se ha abierto además un debate en el seno de la UE sobre la prolongación de las cuotas de producción de azúcar más allá de 2015. Hungría lo pide y cuenta con el apoyo de Austria, Lituania, Francia y Rumanía, según fuentes diplomáticas, que han explicado que esta idea no figura en la propuesta de la Comisión Europea, pero algunos países han solicitado que se incluya. Los ministros evaluarán además el grado de aplicación en cada país de la directiva para la protección mínima de las gallinas ponedoras que entrará en vigor el 1 de enero de 2012 y que establece que éstas deben disponer de al menos 750 cm2 de superficie de la jaula, de un nido, de una yacija que permita picotear y escarbar, de un bebedero apropiado y de dispositivos de recorte de uñas. Algunos países han reclamado a la UE más tiempo para que sus explotaciones puedan aplicar la norma. España está todavía en el proceso de aplicación de la directiva. En la parte de Pesca del Consejo, los ministros mantendrán un debate sobre la dimensión exterior de la Política Pesquera Común. Aguilar pedirá a la UE «una posición más decidida» en materia pesquera para «impulsar y reforzar» los acuerdos con terceros países, los cuales deben garantizar que la actividad se desarrolle «según modalidades que sean satisfactorias para ambas partes». El debate girará en torno a la convenios de asociación con terceros países, los acuerdos bilaterales, los lazos con las organizaciones regionales de gestión de pesca y con las organizaciones internacionales de conservación, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En cuanto a los acuerdos de pesca bilaterales y con terceros países, España, Francia, Portugal, Italia y Grecia defienden la continuidad de esos convenios. También defienden una fuerte presencia de la Comisión ante las organizaciones regionales.