Es la última instancia que les queda. Tanto la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) como el Ayuntamiento de Albacete, están a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie respecto a los recursos en casación que ambas entidades interpusieron contra los fallos que les obligaban a pagar más de un millón de euros en el caso del Consistorio y 60.000 euros en el de los regantes manchegos.

El origen de este pleito está en ese convenio, firmado en julio del 2001 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Unión Sindical de Usuario del Júcar (USUJ). Los regantes valencianos e Iberdrola, propietarios del embalse hasta entonces, cedieron al Estado el uso de Alarcón. Pero se fijaron unos volúmenes de agua reservados para la USUJ y las condiciones en las que, alcanzados esos niveles, podrían ser utilizados por otros usuarios de la cuenca del Júcar. Con la sequía de 2005 las reservas bajaron tanto que Albacete tuvo recurrir a esos volúmenes de reserva para beber. La CHJ, le autorizó, pero aprobó una resolución obligando a pagar una compensación a los regantes valencianos. En 2006 se repitió.