El Ministerio de Medio Ambiente se ha tomado muy en serio la reducción de superficie regable en la Comunidad Valenciana. Si el informe aprobado ayer por el consejo de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) acaba plasmándose en el nuevo plan de cuenca —con rango de Ley—, la Comunidad perderá 40.000 hectáreas de regadío, sobre las 350.000 que tiene reconocidas en la actualidad.

La CHJ ha elevado al Consejo del Agua un informe con las líneas básicas del nuevo plan de cuenca que convierte 40.000 hectáreas de regadío en suelo «potencialmente regable», equivalente al secano, y por tanto, sin derechos sobre el agua de la cuenca. Un cambio de calificación que, según los cálculos de los regantes, implica unas pérdidas patrimoniales de cerca de 2.000 millones de euros en toda la Comunidad.

El precio del metro cuadrado de regadío es de entre seis y diez euros, según las fuentes consultadas por ABC. En cambio, el de secano se paga a entre cincuenta céntimos de euro y un euro. Así, la depreciación que implica el cambio de consideración de las 40.000 hectáreas (400 millones de metros cuadrados) en el plan de cuenca es de unos 2.000 millones de euros, que repercutirán directamente en el patrimonio de los agricultores afectados.

Al margen de la pérdida patrimonial, la desaparición de los citados regadíos conllevará, según los agricultores, una importante destrucción de empleo. El presidente del sindicato agrario Asaja en Alicante, Eladio Aniorte, cifró en 40.000 empleos, entre directos e indirectos, los que dependen de las hectáreas que pasarán a ser consideradas como s

Sin votación

La decisión de eliminar 40.000 hectáreas de regadío se adoptó sin mediar votación en el consejo de gobierno de la CHJ, según fuentes conocedoras de la reunión. El presidente del organismo, Juan José Moragues, decidió elevar la propuesta al Consejo del Agua pese a la oposición de varias comunidades de regantes —excepto los de Castilla-La Mancha—, el Ayuntamiento de Valencia y el Consell.

La consellera de Agricultura, Maritina Hernández, señaló al término de la reunión que la medida «pone en riesgo miles de puestos de trabajo del sector agroalimentario», y recordó que las demandas del regadío valenciano «se han de fijar de acuerdo con los planes de la Generalitat, que es quien tiene esa competencia según el Estatuto de Autonomía».

En cualquier caso, una vez elevado el documento al Consejo del Agua, y si dicho órgano lo aprueba, la limitación de regadío entrará en vigor con el nuevo plan de cuenca. Una circunstancia que no están dispuestos a tolerar los regantes alicantinos.

Contencioso

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó —que representa a los damnificados por el cambio de calificación del suelo—, Andrés Martínez, avanzó que la asociación está dispuesta a defender la permanencia de las 48.000 hectáreas de regadío actuales (que la CHJ quiere reducir a 30.000) «donde sea necesario» y no descartó que los regantes acudan a los juzgados de lo Contencioso. No sería la primera vez que la Junta de Usuarios acude a los tribunales. Ya lo hizo en 2005, cuando la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, modificó unilateralmente el trazado del trasvase Júcar-Vinalopó. El cambio en el Ministerio y la llegada de Josep Puxeu a la Secretaría de Estado de Agua pareció abrir un nuevo periodo de entendimiento entre y los regantes abandonaron la vía judicial. No obstante, el Júcar-Vinalopó se ha terminado con el trazado propuesto por Narbona y está previsto construir la potabilizadora prometida por Puxeu. Los regantes han solicitado un análisis del agua para determinar su calidad.

En este contexto de zozobra para el campo valenciano, el Tribunal Constitucional ha acordado rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de La Rioja contra la disposición adicional quinta del Estatuto de Aragón referida a la reserva del caudal hídrico del Ebro.