Los regantes esperan que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, les dé una respuesta a la petición que han dirigido al Gobierno central, a través de una carta remitida a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, en la que le explicaban las consecuencias que puede llegar a tener la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, tratando de dilatar los desembalses del Tajo . Según explicó ayer el presidente del Sindicato Central de Regantes, Francisco del Amor, durante el encuentro mantenido el pasado miércoles en Madrid con los integrantes del comité de crisis, Narbona dijo que estaba estudiando el texto legislativo, cuando le plantearon esta cuestión. En su carta a De la Vega, dejaron claro que, "si se llega a exigir la evolución de impacto ambiental para los trasvases, cualquier trasvase aprobado por el Consejo de Ministros o por el órgano competente de la Administración podría verse condicionado". Destacan que, al permitir sólo los trasvases por tubería dentro del territorio manchego, excluyen los envíos para abastecimiento a la cuenca del Guadiana, y concluyen que la ley "invade y limita competencias exclusivas del Estado". |
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