A los regantes de la Mancha Oriental no les temblará el pulso, llegado el momento, a la hora de denunciar al Ministerio de Medio Ambiente por incumplir durante cuatro años la sentencia del Júcar emitida por el Tribunal Supremo en octubre de 2004 «dedicándose a darle la vuelta a la situación, mediante los informes técnicos que interpretan torcidamente la ley para no asumir las consecuencias de su aplicación».

Así lo manifestó ayer el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), Francisco Belmonte, quien anunció que solicitarán una entrevista con la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, para aclarar algunas cuestiones relativas a la revisión del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) que han despertado su preocupación. En este sentido, recordó que la revisión del Plan está pendiente de la definición territorial de las cuencas intercomunitarias que componen la demarcación del Júcar y que el pertinente esquema de temas importantes no ha sido publicado a día de hoy al no existir consenso sobre el mismo.

El responsable de los regantes señaló que la sentencia del Supremo estableció que en el PHJ no pueden incluirse las cuencas intracomunitarias valencianas que quedaron claramente definidas en su exposición.

Propuesta

El problema ha surgido cuando la Junta Central de Regantes ha tenido conocimiento de un documento que está manejando el Ministerio de Medio Ambiente según el cual, en opinión de Belmonte, se pretende eludir el cumplimiento de la sentencia. Y es que en este documento el Ministerio, según Belmonte, realiza una propuesta de nueva definición de las cuencas intercomunitarias que componen la demarcación del Júcar. Así se interpretaría que los ríos desembocan, o pueden desembocar, según la Ley de Aguas, en estuarios o deltas creando un nuevo conceto de desembocadura mediante sistema deltaíco que podría englobar el río principal y las cuencas costeras vecinas.

De esta forma, según detallaron desde la Junta Central de Regantes, a las cuencas intercomunitarias del Júcar, Turia y Mijares, se les incorporaría las cuencas intracomunitarias definidas en la sentencia del Supremo e incluiría sus territorios como parte de la cuenca hidrográfica intercomunitaria principal.

En el caso concreto de la cuenca hidrográfica del Júcar se le añadiría todas las cuencas intracomunitarias de Valencia que formaban parte del sistema de explotación del Júcar más la del río Jarabo incluyendo La Albufera «definida por la propia legislación valenciana como cuenca hidrográfica».

¿Qué supondría este cambio? A juicio de Belmonte, se traduciría en un menor peso específico de los usuarios y de la administración regional en los órganos de gobierno y gestión de la Confederación del Júcar, y la obligación de repartir los mismos recursos con una zona mucho más amplia y un mayor número de usuarios».

Belmonte reiteró que si fuese necesario denunciarían al Ministerio y que solicitarán al Gobierno regional «la máxima firmeza ante el Ejecutivo central, como ha hecho hasta ahora, en que se cumpla escrupulosamente la sentencia». Además anunciaron que éste último persistiese en su actitud pedirían a la Junta que exija la gestión de los ríos que discurren por la Región como lo han hecho otras comunidades.