Pese a que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Caete, ha anunciado que se está estudiando un nuevo tipo de contrato eléctrico para los regantes, estos mantienen e incrementan su presión sobre el Gobierno, sumando apoyos a las protestas del día 26. Mientras, el propio Arias Cañete asegura que el problema existente es el «encaje técnico» de ese contrato dentro de la reforma energética, aunque no es capaz de poner una fecha pese a que ve «receptivo» al ministro Soria. Asimismo, ha dejado claro que esta posibilidad sería «sólo» para los regantes y no para ningún otro sector.
Este fin de semana, Miguel Arias Cañete ha vuelto a hablar del tema, aunque no ha despejado ninguna cuestión clave, en especial sobre cómo sería ese nuevo contrato que se afirma que se está estudiando entre su departamento y el de Industria. En sus declaraciones en Jerez, el titular de Agricultura señaló que «lo que está ocurriendo es que el Ministerio de Industria y Energía está en constante contacto con la Federación Nacional de Comunidades de Regantes para ver qué medida se puede regular la cuota de potencia de los contratos adaptada a las peculiaridades exclusivamente del sector agrario, es decir exclusivamente de la agricultura y el regadío español», con lo que podría estar dejando fuera al sector ganadero, en especial el de vacuno de leche que también se vienen sumando a las críticas por el incremento del coste que representa esta nueva subida energética en sus explotaciones.
Tras asumir que se lleva muchos meses hablando de esta cuestión, ha reconocido que Fenacore «ha hecho un estudio técnico importante y en este momento el Ministerio está en la búsqueda de una posibilidad. El ministro Soria me ha dicho que es muy receptivo a esta idea y se está buscando el encaje técnico para que sea una solución sólo para la agricultura. Yo confío en que se alcance pronto», añadía Miguel Arias Cañete.
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Sin fecha para lograr una alternativa, pero con optimismo de alcanzarla
Sin embargo, el ministro de Agricultura no era capaz de concretar aspectos concretos de la propuesta e incluso reconociía que»no sé en qué fecha se pude cerrar».
Pese a esa declaración, Arias Cañete se muestra optimista y afirma que «lo fundamental es que busque la solución y se ponga en marcha. Ha habido conversaciones muy largas y no es porque vaya a haber una manifestación, porque desde hace tiempo las comunidades de regantes advirtieron que éste iba ser un problema, y somos conscientes de que debemos atenderlo. Por eso se han puesto en marcha las conversaciones técnicas y estudios pertinentes para irlo solucionando, aunque aún habrá que esperar».
Más apoyo a las protestas
Lo que no parecen tener tiempo son los propios regantes, que no están conformes con el compromiso verbal del Gobierno y han pedido que se concrete por escrito una solución. A la espera de que ésta pueda llegar, las organizaciones agrarias siguen sumando apoyos a las manifestaciones previstas para el día 26 de este mes.
La útima ha llegado de UPA Castilla-La Mancha, que ha anunciado que se suma a las concentraciones frente a las delegaciones de Gobierno en las diferentes comunidades autónomas para el próximo miércoles 26 de febrero, bajo el lema ‘El regadío agoniza. No al tarifazo eléctrico’, en protesta por “la subida indiscriminada de las tarifas” y para exigir su reducción.
Desde esta organización agraria hacen un llamamiento, no solo a los regantes, sino a los agricultores y ganaderos en general y también a los consumidores en apoyo por estos abusos que repercuten en el bolsillo de todos.
La protesta se producirá de forma simultánea con el resto de regantes de España, que se concentrarán igualmente a las puertas de las respectivas delegaciones de gobiernos regionales, coordinados por Fenacore, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes.
Desde la organización agraria UPA CLM se han querido sumar por lo que consideran un grave daño a las rentas y a la supervivencia de miles de agricultores y ganaderos en la región. Su indignación se ha producido por la subida “insostenible” de los costes energéticos para las explotaciones agrícolas y ganaderas.
UPA ha reclamado a las principales fuerzas políticas un pacto de Estado en materia energética, “que acabe con los bandazos en las políticas relacionadas con esta materia y que trabajen para mejorar la situación energética de los agricultores españoles, en especial los de regadío”.
Los peajes o tarifas de acceso remuneran los costes regulados del sistema eléctrico, como las primas al transporte o la distribución, y las pagan todos los consumidores de electricidad, pero afecta especialmente a grandes consumidores, como los agricultores de regadío.
En su opinión, esta subida no hace sino profundizar y aumentar la dura situación por la que está atravesando la agricultura y ganadería castellano-manchega, derivada por un lado de la falta de precios dignos de nuestros productos y por otro, del incremento de los costes de producción.
