La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha solicitado al gobierno que salga elegido en las elecciones del 20 de noviembre la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional (PHN) que garantice la coordinación de todos los planes de cuenca de acuerdo a los intereses generales de los usuarios, impulsando la construcción sostenible de obras de regulación y trasvases intercuencas.

   Por otra parte, insta al nuevo Gobierno a proseguir con la línea iniciada con la devolución de competencias del Guadalquivir, de manera que «sea única y exclusivamente el Estado responsable político de aguas como rigen los principios de unidad de cuenca y gestión que ampara la Constitución y la Directiva Marco de Aguas (DMA)».

   En esa línea, el programa de la Federación pide el establecimiento de un Pacto Nacional que garantice la recuperación de todas las competencias por parte de las confederaciones hidrográficas cedidas a las distintas comunidades, «para evitar el derroche de recursos económicos y la descoordinación en la gestión del agua».

   Esta petición de los regantes se enmarca dentro de un programa más extenso de propuestas dirigidas a las distintas fuerzas políticas que concurren a las elecciones, con el fin de garantizar la actividad de un sector estratégico para la economía española.

   Otra de las propuestas de la Federación se centra en la recuperación del Ministerio de Agricultura, «después de que en 2008 el sector quedara relegado a un segundo plano con la integración de los asuntos agrarios en la cartera de Medio Ambiente, Rural y Marino».

   Por otra parte, plantean al nuevo Gobierno «la necesidad de un escenario energético competitivo» para la modernización de las más de un millón de hectáreas pendientes de la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2015, paralizada «debido a unos costes energéticos inasumibles que se han multiplicado de manera exponencial».

   Dentro de este paquete de medidas electorales, los regantes solicitan también la puesta en marcha de una Política Agraria Comunitaria sólida que defienda la agricultura de regadío sostenible de los «ataques» de las nuevas directrices europeas «encaminadas a establecer un pago fijo por hectárea en lugar de incentivar la producción/productividad».