La tranquilidad que garantiza el incremento espectacular de las reservas de agua no se ha trasladado a la arena política, donde se mantienen las continuas exigencias políticas de las comunidades autónomas. Si bien este año la reivindicación histórica del trasvase del Ebro todavía se ha podido escuchar de forma periódica, la batalla se ha librado en torno al trasvase Tajo-Segura, que garantiza la supervivencia de los regadíos del sur de Alicante y Murcia.

El enfrentamiento más crudo llegó con la intención del Gobierno socialista de Castilla-la Mancha de crear una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos de sus ríos en su Estatuto de autonomía, lo que en la práctica anulaba el citado trasvase. Al final, el Estatuto no salió adelante, si bien el equipo de José María Barreda pretende impulsar una ley en el Congreso que recoja sus aspiraciones hídricas.

Además, existe el temor de que se reduzca el agua que llega del Tajo con el futuro plan de cuenca del río, que plantea aumentar el caudal ecológico y las reservas para la propia región, por no hablar del lento avance de las desaladoras del plan Agua, alternativa al trasvase del Ebro.