La liberalización del mercado eléctrico en el ámbito de la Unión Europea ha dejado sin valor todos los cálculos sobre el coste de desalación de agua que había efectuado el Ministerio de Medio Ambiente.

El Ministerio de Industria ha rechazado la petición del Ministerio de Medio Ambiente, realizada a través de la empresa estatal Acuamed, para que se aplique a las desalinizadoras que se van a construir en la costa mediterránea, siete de ellas en la Comunitat Valenciana, la “tarifa interrumpible del mercado regulado” durante cinco años.

Fuentes del Ministerio de Industria explicaron a LAS PROVINCIAS que el departamento que dirige Joan Clos no ha podido autorizar esta petición, ya que va a desaparecer en los próximos meses por orden de la Unión Europea (UE) ante la liberalización del mercado eléctrico “y no podemos autorizar su uso para cinco años, como ha solicitado Acuamed”.

Nuevas tarifas
La tarifa a la que pretendía acogerse el Ministerio de Medio Ambiente para pagar la energía eléctrica que consumieran las desalinizadoras le hubiese permitido ahorrar un 30% en el precio del agua.

Pero los planes del Ministerio de Industria son que esta tarifa desaparezca en el plazo de unos meses. Para ello se encuentran en trámite parlamentario dos proposiciones de ley para trasponer a la legislación española las directivas comunitarias.

Una vez aprobadas dejará de existir la “tarifa interrumpible del mercado regulado” (por mercado regulado se entiende aquel en el que el Estado fija el precio del agua).

Se trata de un tipo de contrato con la empresa suministradora que suelen utilizar empresas que consumen gran cantidad de energía (como las cementeras o las siderúrgicas). Gracias a ella éstas llegan a ahorrarse un 30%, pero a cambio la operadora puede cortarles el suministro en el momento en el que se detecta que no hay suficiente energía en la red.

Desde el departamento de Joan Clos han aconsejado a Acuamed que se espere a la entrada en vigor de las nuevas tarifas. En ellas existirá una interrumpible en el mercado abierto a la que podrán acogerse.

Este tipo será similar al actual con la diferencia de que los precios de base no estarán regulados por el Estado, aunque sí el canon que podrán ahorrarse las empresas. Por ello aunque el Gobierno mantenga que el descuento por aplicar el criterio de interrumpibilidad sea del 30%, el precio de la energía dependerá del que la empresa que gestione la desalinizadora negocie con la operadora. Y todo apunta a que puede ser superior al que impone el Gobierno.

Hasta el momento los cálculos del departamento que dirige Cristina Narbona para calcular el precio de la producción de agua desalada parecían estar basados en poder acogerse a esta tarifa que ahora va a desaparecer, por lo que van a ser los consumidores los que tendrán que soportar el nuevo precio, ya bastante elevado.

El agua para riego producido por las desalinizadoras estaba previsto que se vendiera a 0,60 céntimos de euro, un precio totalmente inasequible para los agricultores. Ante ello, la ministra Narbona anunció que se subvencionaría el precio hasta los 0,40. Pero las nuevas tarifas modifican los cálculos de Medio Ambiente.

Si Medio Ambiente contaba con la tarifa eléctrica reducida para subvencionar el consumo, va a tener que cambiar de planes y buscar nuevas fórmulas para hacer asequible su precio a los consumidores.

Este periódico pidió ayer al Ministerio de Medio Ambiente su opinión sobre la situación, pero fuentes de este departamento resaltaron que no tenían nada que decir.

Se calcula que la desalinizadora de Torrevieja a pleno rendimiento va a consumir 600 megavatios al año, el 60% de la producción total de la central de Cofrentes.

Próximas sorpresas
El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, reiteró ayer su oposición a la construcción de desalinizadoras y avanzó que pronto “se sabrán nuevas cosas de nuevas plantas que impresionarán tanto o más que la de Torrevieja” y destacó que “las desalinizadoras que proyecta el Gobierno da la sensación de que son casi peores para el entorno que la de Torrevieja”. Recordó que “es la más grande del mundo destinada sólo a uso agrícola y la más grande del Mediterráneo”, y a su juicio, “a nadie le gustaría tener en la Comunitat la central nuclear más grande de Europa”, aclaró.

González Pons aseguró que está intentando ponerse en contacto con diferentes grupos ecologistas “para conocer cuál es su opinión respecto a la desalación masiva que el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto llevar a cabo en la Comunitat Valenciana”, concluyó.