El pleno de las Cortes aragonesas ha aprobado la Ley de aguas y ríos de Aragón, cuyo objetivo es regular las competencias de la Comunidad autónoma en esta materia y, en particular, las reconocidas como exclusivas en el Estatuto y las que puedan ser ejercidas mediante transferencia, encomienda o convenio con la Administración General del Estado.
El texto inicial, una proposición de ley del PAR, recibió 190 enmiendas presentadas por los diferentes grupos del Parlamento autonómico, de las que en su tramitación en ponencia se han aprobado 149, consenso que ha subrayado tanto el coordinador de la misma y portavoz del PAR, Alfredo Boné, como el resto de diputados que han formado parte de ella.
El texto inicial, una proposición de ley del PAR, recibió 190 enmiendas
Boné ha recalcado que «en temas de aguas los representantes de los aragoneses trabajan en la misma dirección», para asegurar que el objetivo de su grupo ha sido «aprobar esta ley con el máximo consenso» para indicar que Aragón «es un país de ríos» y tiene necesidad de competencias sobre su red hidrológica, «desde el respeto a la unidad de cuenta, que significa una planificación coordinada entre los diferentes agentes y sujetos implicados, más que centralizada».
El portavoz del PAR ha destacado que la nueva norma «establece nuevas garantías» en contra del trasvase del Ebro, que «se blinda» y se «consolida» la Comisión del Agua como órgano de participación, para concluir que «hemos dado la talla desde el punto de vista político en beneficio de Aragón y los aragoneses».
El diputado del PP, José Manuel Cruz, ha explicado que las 19 enmiendas de su grupo han ido encaminadas en su mayoría a «mejorar la definición de determinados conceptos, el régimen económico financiero y el sancionador» y ha recordado que la aprobación de esta ley estaba incluida en el acuerdo de gobernabilidad PP-PAR para esta legislatura.
El Estatuto, catecismo de la ponencia
La diputada del PSOE, Elisa Sancho, ha opinado que «nos hemos aproximado a una buena ley; veremos los resultados cuando se ponga en marcha», tras un trabajo en el que ha habido «el máximo respeto al Estatuto de Autonomía de Aragón, que ha sido el Catecismo de la ponencia» y en el que se ha tratado de conjugar las competencias de todas las instituciones.
El parlamentario de CHA, Joaquín Palacín, se ha mostrado «satisfecho» con una parte de la ley, pero «no la compartimos al cien por cien» puesto que hay algunas cuestiones en las que «estamos muy alejados» porque «entendemos la gestión el agua de una forma diferente» ya que «no compartimos la entrada de los intereses privados», ni «marcar el límite» de los 6.550 hectómetros cúbicos de reserva hídrica para Aragón.
En representación de IU, Miguel Aso, ha sostenido que «las enmiendas que hemos realizado y aportado han mejorado notablemente el texto», para «no renunciar a las competencias aragonesas, mejorar los derechos sobre el agua de calidad y la recuperación de costes, planes para prevenir e indemnizar por sequía e inundaciones y una mejor definición de la gestión de las comarcas y municipios», si bien ha lamentado que «no hayamos conseguido garantizar la gestión pública del agua».
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