El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha anunciado una «profunda revisión» en el sistema de evaluación ambiental para corregir «solapamientos, incoherencias y trabas administrativas», como parte de una nueva política que cumplirá unos objetivos de conservación «exigentes», pero que «no será un lastre» para las nuevas actividades que creen empleo y riqueza.

   «Las políticas medioambientales no pueden ser ajenas a la reforma que está emprendiendo el Gobierno pero creemos que puede haber una sinergia con otras medidas. A estos efectos vamos a revisar toda la normativa medioambiental en materia de aguas, costas, evaluación ambiental y medio natural», ha agregado.

   Así lo ha adelantado Ramos durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la que ha detallado la líneas generales que determinarán su actividad al frente de esta secretaria de Estado.

   «Promovemos certeza y confianza frente a incertidumbre e inseguridad», ha defendido Ramos, quien ha subrayado que un marco normativo «claro y seguro» favorecerá que la sociedad avance hacia prácticas más respetuosas con el medio ambiente. Con ello, ha avisado de que el «desorden jurídico» existente en la actualidad puede ser «igual de devastador y generador de ineficiencias y desigualdades» que la ausencia de recursos económicos.

   En este sentido, ha destacado que el futuro modelo normativo proporcionará seguridad jurídica a los agentes económicos, especialmente a las empresas, para que puedan programar sus inversiones y, más concretamente, a las que tienen objetivos de reducción de la contaminación y de gestión de residuos.

   Además, ha detallado que, respecto a las distintas actuaciones en el ámbito de la calidad, la evaluación ambiental y el medio natural, éstas se trabajarán «estrechamente» con las comunidades autónomas, para establecer procedimientos homogéneos.

NUEVA POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO

   Por otro lado, ha garantizado el compromiso de cumplir el Protocolo de Kioto, a pesar de la «lamentable» situación de partida que a su juicio arrastra el país por la anterior gestión medioamebiental y lejos de cumplir el protocolo, a pesar de que se vaya a comenzar el segundo.

   «Nuestras emisiones se han reducido pero por efectos de la crisis, que no es para sentirse muy orgulloso. En 2011 subieron por efecto del decreto del carbón que tuvo un coste muy importante y no sólo en millones de euros sino en emisiones», ha agregado.

   Con ello ha recordado que las estimaciones actuales apuntan a que para cumplir el primer periodo de Kioto se necesitarán 194 millones de toneladas, es decir, «faltan entre 500 y mil millones de euros» para cumplir con las obligaciones a las que España se había comprometido.

   Para ello, ha señalado que el ministerio ultima una nueva estrategia de compra de unidades de carbono, que permitirá cumplir con los compromisos adquiridos y que los retornos a las empresas españolas sean «reales», es decir, que se concreten en proyectos ante los «pobres resultados» de la anterior legislatura.

   Asimismo ha planteado la necesidad de establecer la plataforma de Durban para la adopción antes de 2015 de un nuevo instrumento legalmente aplicable a todos los países a partir de 2020, así como la puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima y la continuación de Kioto, a través de un segundo periodo de compromiso.

PROTECCIÓN DE COSTAS

   En relación a la política de Costas, Ramos ha abogado por lograr una mejora de la regulación y de la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre y por emprender acciones que refuercen la garantía de derechos.

   Para ello, ha dicho que se aumentará la transparencia y la seguridad jurídica de la política de costas mediante acciones como la publicación de la línea de deslinde en la web además de que la secretaría de Estado elaborará un inventario de ocupaciones en la costa española.

   Ramos ha subrayado así que la futura Ley, en la que trabaja el ministerio, hará posible que la protección del litoral sea compatible con la creación de empleo y con la conservación de los recursos naturales. También, ha adelantado que la secretaría de Estado ultima un código de buenas prácticas para los titulares de concesiones en las playas, que serán también los «principales aliados» en la protección, conservación y desarrollo sostenible de estos espacios.

   Entre otros ejes de actuación y en relación a la biodiversidad marina, Federico Ramos ha indicado que se consolidará la Red Natura 2000 y que se propondrán nuevos Lugares de Importancia Comunitaria y se declararán zonas de Especial Protección para Aves marinas.

SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA

   Igualmente, ha apostado por la simplificación normativa en materia de medio natural para evitar el solapamiento sobre un mismo espacio de distintas figuras de protección, cada una con su propio régimen de ordenación. Esta simplificación, según ha puntualizado, no supondrá «en ningún caso» una merma en la protección medioambiental.

   Sobre la revisión del Plan Nacional de Mejora de Calidad del Aire, como otra de sus prioridades, Ramos ha indicado que van a incluirse medidas «realistas y eficientes», así como el desarrollo de una estrategia que permita cumplir con los objetivos europeos de prevención y reciclado de residuos.

   En materia de aguas, el secretario de Estado ha propuesto una política «seria, realista y proyectada a largo y medio plazo» porque, en su opinión, es lo que garantiza la sostenibilidad de un recurso «tan escaso como necesario».

   De hecho, ha recordado el «desorden de la etapa socialista» en la planificación, así como el retraso en el cumplimiento de la directiva marco de agua, que a su juicio ha provocado que España haya perdido crédito frente a la UE y que se hayan puesto en riesgo la ejecución de nuevas obras con fondos europeos.

   Así, ha puntualizado que con el decreto ley de medidas urgentes en medida de medio ambiente, que se aprobará este jueves en el Congreso, el Gobierno pretende resolver el desorden con distintas actuaciones en materia de agua y que, según ha avanzado, se completarán con una reforma de la Ley de Agua.

   Respecto a las acciones previstas con las desaladoras, Ramos ha indicado que por el coste de su producción es «difícil» emplearlas de forma masiva en la agricultura, aunque sí puede ser útil para el suministro urbano y turístico.

   Para hacer sostenible esta red el ministerio trabaja en la incorporación de volúmenes de agua desalada para consumo urbano, por lo que se han planificado obras necesarias para poner en producción las plantas y ligarlas al consumo urbano.