El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAAMA) quiere trabajar para alcanzar un Pacto Nacional del Agua cuyo resultado sea la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional que cuente con «todas las tecnologías» disponibles y se base en la «solidaridad», según un ‘Informe de situación de la Gestión del Agua en España’ al que ha tenido acceso Europa Press.

   De acuerdo a este informe, elaborado por la secretaría de Estado de Medio Ambiente y que se analizará en el Consejo Asesor de Medio Ambiente que se celebrará este jueves, los objetivos son conseguir un suministro de agua en cantidad y calidad «suficiente» para todo el territorio nacional que garantice «todos los usos» y que contemple una gestión «solidaria entre las distintas regiones» que sea «vertebradora del territorio».

   Además, los criterios prioritarios serán el ahorro y la eficiencia hídrica y energética para lo que se estudiarán «todas las técnicas e infraestructuras» mediante la participación y el diálogo que busque el «consenso» con todos los agentes implicados.

   En el informe de situación, el Ministerio prevé la publicación «en breve plazo» de los planes de la Demarcación del Cantábrico Occidental y de la parte de ámbito estatal de la del Cantábrico oriental, ya que «acaba de terminar el proceso de participación pública, que comenzó el 4 de mayo».

   Concretamente, se prevé la publicación en mayo de 2012 del plan de la Demarcación del Guadiana; en junio, los planes de demarcación del Ebro, Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Mientras, en noviembre de 2012 se contempla la publicación del plan de demarcación hidrográfica de Baleares, que ya ha sido informado favorablemente por el Consejo Nacional del Agua; los planes del Tajo, Segura y Júcar, que están en una fase «muy avanzada».

   En cuanto a la demarcación del Júcar, el informe reconoce que no ha podido ser aprobado por la autoridad competente porque es necesario que antes se modifique el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo.

   Por otro lado, el informe se plantea el objetivo de lograr el 100 por 100 de la depuración de las aguas para que desaparezcan los procedimientos sancionadores en curso.

SANCIÓN DE 20 A 50 MILLONES ANUALES

    España admite que probablemente la Unión Europea le impondrá una multa de 20 a 50 millones de euros, un cálculo que se basa en sanciones anteriores que ya se han puesto a países como Luxemburgo y Bélgica, teniendo en cuenta el tiempo de incumplimiento de la Directiva de Depuración de Aguas Residuales Urbanas, así como el número de procedimientos abiertos.

   Así, el incumplimiento en cuanto a la existencia de colectores y por la falta de algunas estaciones depuradoras, ha provocado que el Reino de España esté incurso de dos procedimientos sancionadores y en una solicitud de información previa a un posible tercer procedimiento sancionador.

   Respecto a la condena económica, el informe se basa en las sanciones impuestas a Bélgica y Luxemburgo. Concretamente, Luxemburgo tiene un procedimiento abierto por 4 aglomeraciones urbanas de las 12 que tiene todo el país, en un país cuyo total del territorio nacional ha sido declarado zona sensible, mientras que España tiene un primer procedimiento abierto para 38 depuradoras.

   Así, el documento señala que la Comisión Europea ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia Europeo las siguientes multas para Luxemburgo: Una multa coercitiva de «no menos de 2,3 millones de euros» que se ha calculado en 11.340 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia dictada en su contra en noviembre de 2006. Además, se propone una suma a tanto alzado de 1.248 euros desde el día en que se dictó sentencia hasta que se ejecute la sentencia dictada, lo que supondría 4,1 millones de euros al año por verter en zonas sensibles.

   A este respecto, fuentes del MAAMA han manifestado a Europa Press que el ministro, Miguel Árias Cañete, mantuvo la semana pasada conversaciones en Bruselas con varios de sus homólogos y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, la semana pasada en Nairobi (Kenia) con la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, para explicarles que la situación ha mejorado y que, aunque va despacio, se está trabajando «a marchas forzadas». De hecho, apuntan que de los 26 puntos difíciles que había en 2010, «ahora» se ha reducido a 20 aglomeraciones urbanas.

   Entre otras tecnologías a utilizar, contempla el reciclado de 650 hectómetros cúbicos al año; la desalinización mediante nuevas inversiones y estrategias; la gestión de eventos extremos y sequías así como la recuperación medioambiental y el apoyo a las empresas españolas con experiencia en agua, tanto a nivel nacional como internacional.