Las disputas que mantuvieron en los anteriores cuatro años Elena Espinosa y Cristina Narbona como titulares de Agricultura y Medio Ambiente, respectivamente, se han saldado con una clara ganadora para esta legislatura. Narbona no repite como ministra y sus competencias han sido traspasadas a Espinosa, que dirigirá el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en el que la prioridad número uno será la lucha contra el cambio climático, tal y como reconoció el propio presidente del Ejecutivo en sus primeras declaraciones tras ser investido el pasado viernes.
España está aún bastante lejos de cumplir los objetivos fijados en el protocolo de Kioto (reducir en 2012 un 15% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, cuando ahora las supera en un 48%) y las políticas puestas en marcha durante la anterior legislatura, sobre todo la potenciación de las energías renovables y la fiscalidad medioambiental para el transporte, no han surtido los efectos deseados.
La irrupción del nuevo ministerio, que podría ser interpretado como beneficiosa para ganaderos y agricultores, que han mantenido buenas relaciones con Espinosa durante estos cuatro últimos años, ha causado justamente el efecto contrario en las organizaciones agrarias. Todas temen que la agricultura pierda peso frente a otros intereses. ‘No me parece bien que le quiten el nombre de Agricultura a un ministerio que lo ha llevado desde la década de los 30, quizá sea porque la defensa del campo irá desde ahora en adelante por otros derroteros más de moda en la actualidad’, aseguró ayer el presidente de Asaja, Pedro Barato.
Y uno de los primeros frentes de batalla que se puede abrir en breve puede ser con el tema del agua. En la anterior legislatura, Medio Ambiente abogaba por la reducción del gasto hídrico de los agricultores, que representan el 70% del total del consumo, mientras que Agricultura, a través de Espinosa, luchaba por defender el papel del regadío como fuente de riqueza para el sector agroalimentario y como elemento vertebrador del campo.
La situación puede cambiar en breve. La falta de agua en algunos núcleos urbanos puede obligar a establecer restricciones o tasas por consumos elevados a los agricultores, lo que provocará con toda seguridad movilizaciones, al igual que se produjeron con la subida del precio de los cereales o la leche.