La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicó ayer que a principios de 2004 se desalaban 140 hectómetros cúbicos de agua al año en España. A finales de 2006, con la entrada de nuevas desaladoras, el volumen se incrementó en 176 hectómetros y para finales de 2008, se unirán otros 135 hectómetros. En total, la capacidad de desalación será en 2008 de 451 hectómetros cúbicos, tres veces más que en 2004. Además, prevé la entrada en funcionamiento entre 2009 y 2010 de instalaciones que aportarán otros 400 hectómetros.
Estas actuaciones, previstas en el programa Agua (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua), que se desarrollará hasta finales de legislatura, servirán, a juicio de Narbona, para acabar con los principales déficits de las políticas nacionales del agua: la falta de control público sobre la gestión, la calidad y la cantidad de agua y en las graves deficiencias en la racionalidad del consumo de agua, en el que el que el sector agrícola es responsable, con el 70% del consumo. Narbona se rodeó de sus dos secretarios de Estado para hacer un balance optimista de las decisiones adoptadas por el Ministerio en lo que va de legislatura, con siete leyes aprobadas y otras seis que verán la luz a lo largo de este año, y para avanzar los objetivos para 2007, en los que las políticas destinadas a mejorar el consumo del agua y la gestión de los recursos hídricos serán vitales.
Con este propósito, la titular de Medio Ambiente avanzó que su departamento ha remitido hace diez días un balance sobre la política del agua desarrollada por el gobierno socialista a los presidentes autonómicos, que servirá como base para el pacto autonómico que propondrá el presidente Zapatero en la conferencia de presidentes autonómicos que empieza mañana.
Aunque no quiso desvelar ningún detalle sobre el posible pacto, Narbona negó que la subida del precio del agua vaya a ser tratada, ‘puesto que tiene su ámbito de trabajo en cada una de las cuencas hidrográficas’.
Cataluña obtiene casi la mitad de los fondos UE
Narbona reconoció que la Unión Europea ha aprobado a finales del mes de diciembre los 1.200 millones de euros que había solicitado para el programa AGUA y que sustituían a los solicitados por el gobierno del Partido Popular para el derogado trasvase del Ebro. De los 1.200 millones, la titular de Medio Ambiente recalcó que 511 millones se destinarán a infraestructuras en Cataluña, procedentes en su integridad de fondos de Cohesión. Los restantes 689 se los repartirán otras regiones y provincias de la cuenca mediterránea (Castellón, Valencia, Baleares, Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Canarias, y Baleares), que recibirán el dinero a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).