Los presidentes de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, y la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, reclamaron ayer «unidos» el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura ante la «amenaza nueva» que recoge el Estatuto de Castilla La Mancha, que plantea su final en el horizonte de 2015. En Alicante, los dos presidentes han presentado un estudio científico de la Universidad alicantina que, con el título Políticas del Agua (1785-2005), concluye, entre otros aspectos, que el Tajo-Segura es una «cuestión de Estado» ya que abastece a 2,5 millones de personas, crea 890.000 empleos y permite cosechas por valor de 2.300 millones de euros.
Camps afirmó que las sociedades valenciana y murciana no han entendido «nunca la arbitraria decisión» de derogar en 2004 el Plan Hidrológico Nacional (PHN), surgido fruto del pacto, y «menos todavía que alguien pretenda ahora cortar lo que está en marcha y nos da vida y nos da futuro», en referencia al agua del Tajo.
Valcárcel criticó la «amenaza nueva» que plantea la abolición para 2015 o elevar la reserva estratégica de los pantanos de Entrepeñas y Buendía a 600 hectómetros cúbicos, y ha recalcado la «negativa rotunda» por ser, el Tajo-Segura, «un instrumento de extraordinaria importancia» para el sureste español.
Por cierto, que el Sindicato Central de Regantes de Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha convocado una manifestación en defensa del trasvase y contra la reforma del estatuto de Castilla-La Mancha que incluye su caducidad, que se celebrará en Murcia el próximo 18 de marzo a las cinco y media de la tarde.
