La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha afirmado que en España se pueden soportar subidas en los precios del agua o la energía, si a la vez los ciudadanos y las administraciones reorientan los hábitos y se tiene en cuenta que se trata de bienes «muy preciosos» que hay que usar «de forma más responsable».

Sobre el precio del agua, la ministra señaló que, de acuerdo con la directiva marco europea, antes de 2010 los precios «tienen que reflejar todos sus costes». La titular de Medio Ambiente destacó que hoy en día lo que se paga en las ciudades por el agua «está próximo a los costes reales, pero en la agricultura no». Serán pues los agricultores, quienes consumen aproximadamente el 70% del agua en España, quienes deban asumir un incremento en los costes de su ‘materia prima’.

«El incremento será gradual. Haremos un estudio cuenca a cuenca, cultivo a cultivo, para ir fijando los costes«, señaló la ministra, que matizó que hay que desterrar la creencia, «que viene de décadas atrás de que los agricultores tienen que tener agua gratis, porque eso no puede ser».

La ministra de Medio Ambiente hizo estas declaraciones en el coloquio ‘Agua, oro líquido’, organizado por Fax Press, en el que también participó Pedro Arrojo, miembro de la Junta de la Fundación Nueva Cultura del Agua y Premio Goldman de Medio Ambiente, quien advirtió de que «la Naturaleza trabaja gratis para la humanidad, pero cuando se quebranta resulta carísimo sustituirla».

Según señaló Pedro Arrojo, actualmente el agua del grifo se paga a entre 1 y 2 euros el metro cúbico, mientras que el agua mineral embotellada cuesta unos 1.000 euros el metro cúbico. El agua que subvenciona el Estado, fundamentalmente a la agricultura, cuesta unos tres céntimos el metro cúbico, mientras que la procedente de acuíferos está en torno a los 20 céntimos y el de las desaladoras unos 40 céntimos. «Llevar agua desde Tortosa hasta Almería a través de trasvases costaría 1,5 euros el metro cúbico, un coste similar al de bombear el agua a 1.200 metros de profundidad del mar hasta la superficie», remarcó.

Sin embargo, Narbona matizó que las desaladoras no son la única opción del Gobierno para luchar contra la escasez de agua. «Tenemos que modernizar los regadíos, los embalses, las canalizaciones… Arreglar cañerías y conducciones no es tan espectacular como construir embalses, aunque es vital evitar las fugas de agua y promover la gestión racional de este recurso», dijo.

Según la ministra, cada Comunidad Autónoma asume la gestión y mantenimiento de los ríos que nacen y mueren en su propio territorio, pero cuando se trata de ríos que cruzan varias comunidades, la responsabilidad sobre su gestión es del Estado. «Es el Gobierno quien tiene la última palabra sobre estos ríos», matizó. Sobre el anunciado proyecto de la Comunidad de Madrid de utilizar agua sobrante de los embalses para reinyectarla en acuíferos destacó que se trata de una decisión «egoísta, porque el agua del Tajo no es de Madrid sólo, la que sobra tiene que seguir su curso por el río para mantener los ecosistemas y llegar a otros puntos». Además, declaró que «no es la Comunidad de Madrid quien tiene competencia sobre esos acuíferos, por lo que la decisión no está en su mano».

Precisamente esos acuíferos son uno de los principales objetivos de la política de agua del Gobierno, que ha llevado a cabo en Castellón un proyecto que ha detectado, con sensores especiales, 400 hectómetros cúbicos en un acuífero que puede ser usado «de forma sensata».

La ministra de Medio Ambiente también insistió en ese mensaje de introducir «racionalidad en el consumo», y lo mismo que sucede con la tarifa de la luz, destacó, «habría que ser capaz de decir a los ciudadanos que las subidas pueden verse más que compensadas a la hora de pagar si uno hace un uso eficiente de ellas».