La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer que la competencia de la estructura y la gestión de un trasvase entre cuencas “es del Gobierno de la Nación, y lo seguirá siendo porque así está claramente establecido en nuestra Constitución”. Narbona respondió así a la propuesta del Estatuto de Castilla-La Mancha que recoge la finalización del trasvase Tajo-Segura en 2015, y que se debatirá en el Congreso de los Diputados.

Narbona señaló que una cosa “son los proyectos de estatutos que hacen las comunidades autónomas y otra lo que sale del Parlamento de la Nación” y recordó que ya ha habido ejemplos de cómo “el Parlamento de la Nación ajusta esas propuestas al orden constitucional y al reparto de competencias”.

La titular de Medio Ambiente consideró “legítima” la reivindicación de Castilla-La Mancha en su estatuto, pero advirtió que en otros proyectos de estatutos ya ha habido “centenares” de modificaciones en el Congreso de los Diputados, y “España no se ha roto con el Estatuto de Cataluña”.

Por otra parte, la ministra de Medio Ambiente indicó que el precio del agua debe “ayudar a avanzar en su uso eficiente”.

Así, la modificación legislativa contemplará “una modificación del régimen económico y financiero”, pero no cuantificará el incremento en el recibo del agua. La ministra aseguró que se tendrá que analizar “cuenca a cuenca y cultivo a cultivo en el caso de la agricultura”, y el efecto de este cambio legislativo será “distinto en función de los distintos usuarios del agua y en particular de la agricultura, y distinto en las ciudades, ya que el recibo de agua en unas ciudades no tiene nada que ver con el recibo de otra ciudad”. En Valencia, así como en otras ciudades como Madrid o Barcelona, los precios del agua “están bastante cerca de cubrir los costes totales de abastecimiento y saneamiento”, según Narbona, por lo que el debate se centrará en “cómo se distribuyen los costes entre los distintos usuarios del agua dentro de una ciudad de acuerdo con la eficiencia en el consumo del agua”. Narbona puntualizó que son los Ayuntamientos los que se ocupan “de la correcta distribución del agua para su uso en la ciudad y del saneamiento”.