La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció hoy que la reunión del Consejo Nacional del Agua prevista para este viernes, quedará pospuesta hasta después de Semana Santa para tener más tiempo para «ampliar el acuerdo que existe entorno a alguno de los elementos de la Ley de Aguas» y, en particular, «con los representantes del sector del regadío» con quienes celebrará próximamente un encuentro.

Según explicó Narbona en la inauguración de las jornadas sobre ‘El nuevo ciclo de planificación hidrológica en España’ que se celebran hoy en el Colegio de Ingenieros de Caminos en Madrid, la cita con los regantes servirá «para analizar la incidencia de las propuestas que está formulando el Ministerio de Medio Ambiente», que «han sido recibidas (…) con excesiva preocupación por parte de este sector de la agricultura».

«De momento vamos a convocar reuniones de carácter bilateral centradas en la posición de los regantes, que es una posición crítica en estos momentos», con el fin de emprender «una tarea de aproximación», en la que, según la ministra, tanto Agricultura como Medio Ambiente tienen «el máximo interés».

En este sentido, Narbona destacó la importancia de «compartir información y que analizar las posiciones de cada parte dentro del sector de la agricultura» porque, «teniendo en cuenta que casi el 70% del agua en España la consume la agricultura, sería absurdo aprobar una reforma de la Ley de Agua que no integrara al máximo» su «perspectiva».

Aunque el Gobierno tiene la mayoría del voto en el Consejo Nacional del Agua y, por tanto, el organismo podría emitir un «dictamen preceptivo favorable por una cuestión de votos», narbona incidió en que el Ministerio de Medio Ambiente «prefiere hacer un esfuerzo» para conseguir «votos favorables de todas las partes implicadas» en la reforma de la ley.

El agua y las elecciones

Respecto a la implantación de los planes hidrológicos del Ministerio de Medio Ambiente, Narbona lamentó la falta de «cooperación adecuada por parte de algunas administraciones autonómicas y, en particular, por parte de la Generalitat Valenciana, que ha intentado frenar la actuación de mayor envergadura en la provincia de Alicante: la construcción de la planta desaladora de Torrevieja» cuya paralización el Gobierno ha recurrido ante el Constitucional.

Esta obra, destacó la ministra, «es de interés general del Estado, tiene una declaración de impacto ambiental favorable y ha sido aceptada por la Comisión Europea, que ha concedido la financiación» y, por tanto, «debe seguir adelante». No así iniciativas como el trasvase del Ebro, que «no obtuvo ni un sólo euro de la Unión Europea» mientras «todas y cada una de las inversiones que ha planteado el Gobierno actual ante la Comisión, dentro del programa Agua, han recibido y están recibiendo financiación» de Europa.

Por todo ello, hizo un «llamamiento a todas las administraciones y, muy en particular a las gobernadas por el Partido Popular» y les pidió «que piensen en los ciudadanos y no en la confrontación política» porque «no se debe llevar a este terreno la política del agua hasta el punto de intentar paralizar inversiones que son absolutamente necesarias para mantener la garantía de abastecimiento que hasta ahora, ha permitido que en la Comunidad Valenciana y en Murcia no haya ningún problema» en el uso urbano del agua.

Asimismo, invitó «a tener en cuenta que la política del agua que está haciendo este Gobierno es la única que se puede hacer en un país miembro de la UE» y pidió «un ejercicio de sosiego y tranquilidad» porque «este es un momento parta ejercer desde la responsabilidad y para evitar que el agua sea motivo de confrontación electoral».