El Ministerio de Medio Ambiente está estudiando dejar la reforma de la Ley de Aguas para la próxima legislatura, en el caso de que el PSOE vuelva a recibir la confianza de los ciudadanos para gobernar del país.
La batalla autonómica por la gestión de los recursos hidrológicos, la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas y las deficiencias de los planes que han presentado las distintas cuencas al departamento ministerial que dirige Cristina Narbona, son las principales causas que baraja Medio Ambiente para no modificar, de momento, la legislación vigente con un proyecto que, inicialmente, debería introducir tasas que garanticen la recuperación de los costes en infraestructuras, evitar la fragmentación territorial y aumentar las sanciones por el uso abusivo y el fraude del agua.Así se puso de manifiesto en la última reunión que mantuvieron representantes del Ejecutivo y los usuarios profesionales del agua el pasado 24 de abril en Madrid. Al encuentro asistieron el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, y el director general del Agua, Jaime Palop, ambos cargos dependientes de Medio Ambiente; así como el secretario general de Agricultura y Alimentación, Josep Puxeu, y el director general de Desarrollo Rural, Francisco Amarillo, pertenecientes al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por parte de los usuarios profesionales comparecieron representantes de las distintas organizaciones agrarias y el máximo responsable de las federaciones de regantes (Fenacore), Andrés del Campo.A pesar de la intención inicial de Narbona de aprovechar la reforma para recuperar la denominada “ecotasa agrícola” –un sistema que penaliza el consumo de agua para regadío–, Gobierno y usuarios parecen haber acercado posturas respecto a la entrada en vigor del canon que grava los “servicios de gestión, control e inspección de los usos del agua”. La intención de Narbona es dejar para 2010 esta modificación, ya que, a su juicio, la reforma legislativa debe acometerse “con el mayor consenso posible”. Fuentes de los usuarios profesionales del agua que estuvieron presentes en la última reunión de la pasada semana con los responsables ministeriales, explicaron a este diario que “el tono del encuentro fue bueno, de diálogo y consenso”, y que “hay muchas probabilidades de que la reforma se deje para después de esta legislatura, porque Medio Ambiente quiere dar prioridad a los planes hidrológicos de cuenca”.Precisamente, los agricultores habían denunciado que los planes de sequía presentados al Gobierno incumplen la ley, al no hacer referencia a las medidas compensatorias necesarias para paliar los perjuicios que ocasionan estos proyectos hidrográficos en las explotaciones de regadío. Bien es cierto que en el momento más crudo del debate en el seno del Consejo Nacional del Agua, al final del primer trimestre de este año, la ausencia de lluvias era notable, aunque ahora la mayoría de embalses están en buenos niveles de capacidad. Aun así, las previsiones de Medio Ambiente revelan que España seguirá teniendo problemas de sequía en el futuro, por lo que las confederaciones de los ríos deberán incluir las medidas compensatorias para la restricción de los caudales en los planes enviados al Gobierno.La sobrevaloración de los recursos, junto con el aumento de la demanda por el reconocimiento legal de los nuevos usos –como, por ejemplo, el turístico– podría ocasionar problemas de suministro. Por otra parte, los usuarios profesionales consideran que las reformas estatutarias ponen de manifiesto la preocupación de las regiones para hacer más efectiva su participación en la gestión del agua asumiendo competencias estatales que no les corresponden, en lugar de gestionar la demanda.