La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, advirtió ayer al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, de que las Cortes modificarán el Estatuto de su comunidad «en todo aquello que no se atenga al ordenamiento constitucional», y recordó que la gestión del trasvase Tajo-Segura corresponde «exclusivamente» al Gobierno.
   Narbona hizo estas declaraciones durante su visita a la planta desalinizadora de Torrevieja: «El trasvase no tiene fecha de caducidad», sentenció Narbona, quien añadió que la legislación que regula esta infraestructura «establece unas determinadas reglas de explotación que se están respetando» y que dan «garantías a quienes durante mucho tiempo han dependido de la lluvia».
   La ministra recordó que el Estatuto castellanomanchego todavía no se ha sometido a debate en el Parlamento español, y señaló que todos los proyectos autonómicos ya presentados «han sido modificados en aquellos artículos que podían suponer una alteración del ordenamiento constitucional». A este respecto, insistió en que la tarea de las Cortes será la de «modificar el texto en todo aquello que no se atenga al ordenamiento constitucional» y precisó que éste establece «claramente» que la gestión del trasvase «corresponde exclusivamente al Gobierno».
   Horas más tarde, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, respondió a la ministra al asegurar que el Gobierno regional espera que el nuevo Estatuto de Autonomía le dé más competencias «para mejorar la vida» de los habitantes de la región, como la gestión del agua, que calificó de «esencial».