Noventa mil regantes alicantinos, propietarios de 15.000 hectáreas de cultivo en toda la Comunidad Valenciana, se dan cita hoy en Elche para intensificar su oposición a la política hídrica del Gobierno central. Convocados por el presidente de la Federación de Entidades de Riego de la Provincia de Alicante (Ferpa), Manuel Serrano, los representantes de decenas de comunidades de base de riego y juzgados privativos de agua de todas las comarcas exigirán al Ejecutivo de Zapatero que «no demore más el inicio del trasvase Júcar-Vinalopó», según explicó ayer el portavoz de dicha federación, Ángel Urbina.

En medio de una nueva estrategia por parte del Gobierno valenciano para exigir agua al Gobierno central, los regantes se suman a una polémica hídrica que nunca acaba pero que cobra nuevos bríos conforme se acerca la campaña electoral.

«Todo el mundo está pensando en las elecciones, pero la tubería hay que hacerla, con toma donde sea, pero hacerla, porque Elche, por ejemplo, lleva desde el año 1420 esperando el agua del Júcar», afirmó ayer a este diario Ángel Urbina. «Lo que es triste es que aún no tengamos interlocutores válidos, ni en Valencia ni en Madrid; esto es lo que vamos a analizar en Elche, para que nadie manipule las necesidades de los humildes regantes, a los que pocos políticos apoyan», añade Urbina.

Apoyo de la Generalitat

La Generalitat Valenciana, por su parte, ha incorporado también a su ofensiva en Bruselas, con la polémica urbanística de fondo, el apoyo a la Junta Central de Usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó en su intento para que el Comité de Peticiones reabra la investigación sobre el cambio del trazado. La Junta Central que preside Martínez Espinosa remitió el pasado miércoles un nuevo informe sobre el proyecto coordinado por el catedrático alicantino Antonio Gil Olcina.

El estudio fue enviado a Bruselas, concretamente al presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), Martin Libicki, quien pide más información sobre el trasvase Júcar-Vinalopó al europarlamentario popular español Carlos Iturgaiz, que había pedido retomar el asunto. El estudio insiste en que no hay razones técnicas válidas para el cambio de toma, aprobado en julio del año 2005 por el Gobierno central.

El catedrático Gil Olcina ha sido una de las voces más críticas con el cambio de toma, al denunciar que el agua incorpora pesticidas y otros productos químicos en la cola del río, de donde se tiene que impulsar hasta Villena. La ofensiva de los regantes de toda la provincia, al menos de los representantes de las comunidades en la Federación Provincial, no se detiene en el modificado trasvase del Júcar. También analizarán en el Parque Agroalimentario de La Alcudia, en Elche, la inoportunidad de la caducidad fijada en la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha.

Urbina anuncia un informe jurídico «impresionante» elaborado por el Sindicato Central del Trasvase Tajo-Segura contra el fin anunciado por el Gobierno de Barreda, con el apoyo del PP.

Otro de los ejes de la reunión de hoy se centrará en la denuncia del proyecto de Ley de Aguas modificada. «Los regantes pasamos a ser un órgano consultivo con apenas un 10% de representación, cuando somos los titulares del 70% de las concesiones de agua para riego», denuncia el portavoz de dicha Federación.

Fuentes de Acuajúcar declinaron ayer pronunciarse sobre la denuncia del retraso en el inicio de las obras, previsto para principios de año. Una fuente autorizada se limitó a recordar las alegaciones presentadas hace ahora un mes por la Conselleria de Territorio contra los nuevos tramos del trasvase y su mayor o menor cumplimiento de la declaración de impacto ambiental.

El Ministerio de Medio Ambiente aún está analizando dichas alegaciones, según fuentes de Acuajúcar, la empresa que gestiona la construcción de la nueva conducción, cuyo tramo final, en Villena, está finalizado.

El último argumento usado por el PP contra el Gobierno central por su política hídrica, la crecida del río Ebro, también será analizada en Elche. «Somos solidarios con los regantes del Ebro, pero se ha demostrado que no son necesarias las inundaciones para hablar de los trasvases; si se enviara aquí agua, no pasaría nada en Aragón», dice Urbina.