Hace unos días el conseller González Pons declaraba ante los medios de comunicación que tiene la «sospecha» y la «sensación» políticas de que el Gobierno español pretende desalar masivamente agua en la Comunidad Valenciana para exportarla posteriormente a otras comunidades vecinas, entre las cuales citó a Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña, pero no a Murcia.
La noticia en otros webs
La defensa surrealista de las ideas del Consell en materia de agua no es nueva. Empezó con el trasvase del Ebro, que ha devenido en el pensamiento único del presidente Camps, sosteniendo que el agua del Ebro sería baratísima porque bajaría sola de Tortosa a Valencia. No había más que ver el mapa para comprenderlo. Siguió con el trasvase Júcar-Vinalopó, asegurando que el agua transportada 80 kilómetros desde Cullera hasta Villena por el trazado «socialista» saldrá carísima, mientras que el agua transportada 300 kilómetros desde Tortosa también hasta Villena pero por el trazado «popular» del trasvase del Ebro habría sido baratísima. Luego vino la amenaza de la desertización, pronosticando que sin el agua del Ebro los bosques valencianos se secarían y la Comunidad quedaría desertizada. ¿Acaso Camps pretendía construir en secreto una inmensa red de tuberías capaz de distribuir el agua del Ebro de pino en pino, subiendo y bajando por las montañas valencianas?
Sin embargo, cuando parecía que ya se había alcanzado el techo absoluto del disparate hidráulico, el conseller González Pons ha roto todas las marcas en su nueva cruzada ecológica contra las desaladoras. No hace mucho tiempo, en su etapa de gobierno en Madrid, el PP fue por derecho propio «el gran desalador». No sólo se construyeron o tramitaron entonces grandes desaladoras marinas en Palma, San Antonio de Ibiza, Formentera, Blanes, Xàbia, Alicante, San Pedro del Pinatar, Carboneras, Almería, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, todas ellas con financiación pública, sino que en época del ministro Matas se llegó a enviar telegramas a los ayuntamientos de Baleares diciéndoles: «Pidan ahora su desaladora, que hay fondos disponibles». Alcudia, Ciudadela, Santa Eulalia y Andratx la pidieron, y todos ellos tienen sus desaladoras en construcción.
Sin embargo, ahora todo ha cambiado. Para que no decaiga la guerra del agua, las desaladoras han pasado a ser un invento del demonio y deben ser públicamente deleznadas y vilipendiadas. La tarea le ha tocado a González Pons, y la tiene que combinar con el encargo de Camps de verdear la imagen gris-hormigón del PP hasta las elecciones de mayo. La conjunción de ambos encargos ha convertido la campaña contra las desaladoras en una auténtica charlotada ambiental sin precedentes en España ni en el mundo.
Para empezar, González Pons ha acusado a las desaladoras de ser nada menos que «las nucleares del mar», una acusación ciertamente terrorífica, aunque un tanto sorprendente viniendo de un partido que es el más cerradamente pronuclear de España, y uno de los más destacados de Europa en la materia. A continuación ha pintado un sombrío panorama de apagones y escasez de energía en la Comunidad ocasionado por el consumo eléctrico de las desaladoras, que chuparán hasta el último kilovatio disponible. Habrá que volver a las lámparas de aceite y a las barras de hielo para mantener las desaladoras…
Pero los desastres de las desaladoras no se acaban ahí. El conseller las ha acusado también de destruir implacablemente la Poseidonia oceanica, que fenecerá por completo cuando las desaladoras salinicen el Mediterráneo hasta convertirlo en un Mar Muerto, aniquilando de paso nuestra industria turística, y por supuesto la pesca. La Poseidonia es el gran descubrimiento ecológico del PP. «¿Poseiqué?», preguntaban los eurodiputados populares hace tres o cuatro años, cuando los ecologistas aludían a esta valiosa planta marina en los debates europeos sobre el Plan Hidrológico Nacional. Ahora el conseller dice que esta planta es «el segundo pulmón» de la Comunidad Valenciana (el primero son los pinos que también se morirán si no se riegan con agua del Ebro). Pobre País, si la mitad de su respiración dependiera del oxígeno liberado por los escasos 500 km2 de praderas de Poseidonia que aún subsisten a duras penas en el litoral amenazadas, no por las desaladoras, que tienen resuelto hace años ese problema, sino por la pesca de arrastre, los puertos deportivos y los vertidos urbanos mal depurados o sin depurar, temas todos ellos desgobernados por el Consell.
Pero ahora, por fin, con la confesión de las «sensaciones políticas» del conseller, comenzamos a entender las razones de toda esta destrucción. El Gobierno pretende convertir a la Comunidad Valenciana en una gran fábrica de agua desalada, pero no para dársela a los valencianos, sino para exportarla a Castilla-La Mancha, Aragón y, sobre todo, a Cataluña. Así, los catalanes y otros enemigos de Valencia tendrán agua a chorro libre después de habernos dejado a los valencianos sin el mar Mediterráneo, sin turismo, sin pesca, sin agua, sin electricidad y hasta sin oxígeno para respirar. ¿Cabe imaginar mayor infamia contra la Comunidad Valenciana? Y todo por haber votado al PP.
Hasta aquí todo muy divertido. Pero el problema es que hoy en día, con la televisión y con Internet, las astracanadas políticas se ven desde todas partes. En los medios políticos españoles la obsesión enfermiza de Camps con el trasvase del Ebro ya despierta sonrisas de conmiseración, y en Bruselas están hartos de soportar el circo acuático y urbanístico valenciano. Bastan unos pocos años para conseguir el descrédito institucional de una clase política, y el PP valenciano lo ha conseguido con creces. Cuando esto cambie va a costar mucho tiempo y muchos esfuerzos recomponer la imagen del Consell como una institución seria, sin políticos sandía ni melón, con la que se pueda discutir y en la que se pueda confiar.
Antonio Estevan es consultor ambiental y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua.